Un pacto indecoroso
Si el Gobierno en funciones acepta instrumentalizar a la Abogacía del Estado para dar satisfacción a los independentistas será un signo más de que el acuerdo para la investidura que Sánchez tiene casi cerrado nace viciado. Los socialistas se han adentrado en un terreno muy peligroso, que no garantiza en absoluto la formación de un Gobierno estable ni el desarrollo de una política que pueda merecer el apoyo de la mayoría de los españoles.
Dirigentes de ERC daban ayer prácticamente por cerrado un acuerdo con el PSOE por el que permitirían, con su abstención, la investidura de Pedro Sánchez. De manera que cuentan con que la Abogacía del Estado, que sigue las instrucciones del Gobierno, pida al Tribunal Supremo la libertad provisional de Oriol Junqueras para que acuda al Parlamento Europeo. Esta es una de las exigencias que los independentistas han puesto a los socialistas y, si el Ejecutivo en funciones se plegase a ella, supondría una instrumentalización muy poco decorosa de un órgano del Estado en favor de los intereses inmediatos de Sánchez. Una lectura jurídica más lógica de la situación creada por el reciente pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo es la que realiza la Fiscalía, que pide que Junqueras continúe en prisión, pues ya pesa sobre él sentencia firme. Los fiscales piden así mismo que se solicite el levantamiento de la inmunidad que la Eurocámara ha reconocido a Puigdemont y a Comín.
En el Congreso se hacen ya preparativos para una investidura que podría celebrarse antes de Reyes, pero el Gobierno que nazca del acuerdo entre el PSOE y Podemos con el beneplácito obligado del independentismo no ofrece ninguna garantía ni de cordura ni de estabilidad, sino que podría dar alas a quienes intentan socavar la Constitución. Frente a ello, no basta la crítica de los demás partidos; el PP y Ciudadanos deberían ser capaces de proponer una alternativa que evite el despropósito que parece a punto de consumarse.
