La Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local -conocida como ley Montoro- obliga a las entidades locales a un control extremo sobre sus finanzas con el objetivo de mantener un criterio de estabilidad presupuestaria. Esta norma supone que tan solo en Aragón estén inmovilizados cerca de 700 millones de euros en las cuentas de los ayuntamientos. Puede entenderse este deseo por el control del gasto y el déficit, pero las necesidades y urgencias de los municipios, muchas y variadas, obligan a estudiar la posible implementación de un modelo intermedio que garantice el cumplimiento de los objetivos de déficit y una sostenida intención inversionista.

La cifra en España se eleva hasta los 27.000 millones de euros y en Aragón alcanza los 700 millones. Dos importantes montantes inmovilizados y sin posibilidad de generar actividad y riqueza por responsabilidad de la ley Montoro. La combinación entre estabilidad presupuestaria y techo de gasto está impidiendo, tal y como reconoce el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, que se pueda destinar el superávit a servicios municipales imprescindibles. Se pudo entender en el pasado, ante los diferentes desmanes y falta de control sobre las cuentas públicas, la necesidad de impulsar un mecanismo de rigor presupuestario, pero lograda una cierta estabilidad convendría revisar una norma que cercena la capacidad de crecimiento. No hay duda de que las obligaciones presupuestarias no deben ser una cuestión que afecte en exclusiva del Gobierno central y que el acatamiento de los objetivos tiene que ser algo compartido, pero ignorar la realidad aragonesa y la de sus municipios, los mismos que luchan contra la despoblación, no deja de ser un nuevo freno.