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Opinión

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Justicia europea

ACTUALIZADA 22/12/2019 A LAS 02:00
Oriol Junqueras, en una imagen de archivo
Oriol Junqueras, en una imagen de archivo
Reuters

Era lo esperado y todos los actores del juicio del ‘procés’ sabían de antemano que los tribunales europeos ofrecerían más de una sorpresa. No ha sido la primera y tampoco será la última.

Planificada desde el independentismo catalán, la estrategia de búsqueda de descrédito y aportación de dudas sobre la legitimidad e independencia de los tribunales españoles ha estado presente desde el inicio del ‘procés’. Primero fue la internacionalización de su pretendido conflicto, el traslado de una imagen de España como un estado opresor y ajeno a la legitimidad democrática y, posteriormente, la búsqueda de un retrato de la justicia como una relación de tribunales herederos del franquismo sin garantías procesales. Nada de cierto hay en todo ello. Las interpretaciones de parte realizadas por el independentismo, plagadas de mentiras y medias verdades, tan solo pueden entenderse como un ejercicio de propaganda, como una calculada distorsión.

Bajo este cruce de miradas, el pasado jueves se conoció la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras que, conviene recordar, atiende a una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo. La sentencia, que no cuestiona ni la causa juzgada ni las penas impuestas en el caso del ‘procés’, deja claro que Junqueras logró su condición de eurodiputado, y por extensión su inmunidad, en el mismo momento en el que fueron proclamados los resultados electorales. Desde la normalidad democrática no cabe otra opción que asumir la decisión del TJUE y, en igual medida, defender aquello que siempre se ha proclamado: el respeto a las decisiones y la autoridad de los tribunales de justicia. Sostenerse en la más estricta escrupulosidad, aceptando que las cuestiones procedimentales no son ni menores ni anecdóticas, es la mejor garantía para la defensa de cualquier proceso y para la óptima respuesta que se debe trasladar a aquellos que pretenden la descalificación o interpretan a capricho la legalidad.

La justicia tiene su particular curso y las interpretaciones políticas el suyo. La mezcla interesada de ambos caminos es una cuestión sobre la que busca acomodarse el independentismo y que obliga a los partidos constitucionalistas a un permanente ejercicio de prudencia.

Pocas dudas existen sobre el hecho de que la sentencia del TJUE enfanga aún más esta fatigosa situación de parálisis en la que se regodea el secesionismo lastrando a Cataluña, pero es importante insistir en que tampoco se tira por tierra la fortaleza de los tribunales españoles ni las muchas actuaciones que se han emprendido para mantener la legalidad. Políticamente, la aparición de la sentencia del tribunal de Luxemburgo ha concedido a Carles Puigdemont la recuperación de un potente foco de atención mediática (el viernes entró en la eurocámara) mientras ERCha elevado las condiciones en su negociación con el PSOE. Que el fugado expresidente saque pecho resulta previsible, pero lo que sí representa un serio inconveniente es el fortalecimiento del sector más duro del independentismo, envalentonado por lo que cree un golpe en la línea de flotación del Supremo. Puigdemont, que sabe que las elecciones catalanas pueden estar cerca tras la inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del presidente Torra, apuesta por el descrédito como principal palanca de presión. 

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