Pedro Sánchez se equivoca y, además, lesiona los intereses de la Justicia española al dar por hecho que los fiscales siguen las órdenes del Gobierno. Yerra porque, en sentido estricto, la Fiscalía no depende del Ejecutivo, aunque al fiscal general lo nombra La Moncloa. Dificulta el presidente en funciones la acción de la Justicia porque transmite al exterior una imagen de injerencia del Gobierno en el sistema judicial español.

El principio de independencia judicial está reconocido en el Derecho internacional (artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y en el Derecho interno (artículo 117.1 de la Constitución). Por eso, el Poder Judicial es independiente de los restantes poderes del Estado y los agentes sociales. En consecuencia, el Ejecutivo no puede dar órdenes a la Fiscalía, como ayer dio a entender el candidato socialista en las elecciones del próximo domingo hablando de la entrega de Carles Puigdemont. Lo que puede es instar actuaciones, pero no para casos concretos, sino con carácter general, por ejemplo en materia de política criminal. Es la Abogacía del Estado la que sí recibe órdenes, como se vio en relación con el caso del juicio de los líderes del ‘procés’, donde rebajó la acusación de rebelión a la de sedición a instancias del Ejecutivo.

El grave traspiés de Pedro Sánchez no solo ha irritado a los fiscales sino que, lo que es más grave, pone en peligro las euro órdenes. Ayer mismo, la Policía británica anunció que no tramitará por ahora la orden de detención europea emitida por el juez Llarena contra la exconsejera Ponsatí porque la petición es «desproporcionada». Para Puigdemont, las manifestaciones del presidente en funciones y otros miembros del Gobierno constituyen una munición valiosa para sostener el falaz argumento de que en España existe una persecución política contra los dirigentes independentistas.