El Ministerio para la Transición Ecológica vuelve a dar largas a

los trabajadores de la central de Andorra, a la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y al Gobierno de Aragón. Ayer, la ministra Teresa Ribera viajó a la DGA en un periplo poco útil en el que ni siquiera concretó cuándo se firmará el prometido convenio con los municipios mineros del Bajo Aragón, a pesar de que sigue agotándose el plazo para el cierre y desmantelamiento de la térmica

La ministra para la Transición Ecológica en funciones se comprometió en Zaragoza a «vigilar» que las promesas de Endesa en materia de empleo con sus trabajadores y el personal de las contratas «se materializan», pero no dio nuevos detalles acerca del convenio de transición justa, clave para el futuro de Andorra, ni concretó qué porcentaje recibirá de los 600 millones de euros anunciados a nivel nacional. Esta falta de concreción sobrevoló su reunión con alcaldes, sindicatos, empresarios, agentes sociales y representantes del Gobierno de Aragón. Al final hubo «sensaciones encontradas», porque los principales actores del territorio agradecieron poder trasladar de forma directa y sin intermediarios sus preocupaciones, pero muchos salieron con la sensación de que aún queda mucho por concretar.

La incapacidad de los partidos políticos para formar un Gobierno tras las elecciones generales de abril y la consiguiente parálisis en la acción gubernamental hasta las próximas elecciones del 10 de noviembre tienen paralizadas varias decisiones fundamentales para Andorra y su comarca mientras está se aproxima el día del cierre de la central. La firma del convenio urge porque responde a una necesidad ineludible y a un compromiso del Gobierno de España que no cabe ir aplazando. Se acumula ya demasiada incertidumbre y falta de concreción para un asunto en el que está en juego la supervivencia de una comarca amenazada por la despoblación.