El secesionismo no ceja en Cataluña. En vez de abandonar su aventurismo y regresar a la realidad tras la sentencia del Supremo, mantiene su actitud de desafío, esta vez al Tribunal Constitucional. Los tres grupos independentistas del Parlament han pactado una resolución para defender la autodeterminación a pesar de que el TC advirtió de consecuencias penales si dan luz verde a iniciativas parlamentarias que contravengan sus sentencias. Sea como fuere, ya saben cómo responden todas las democracias, como la española, a provocaciones de este tipo: la aplicación de la ley, que es la primera garantía de libertad y democracia para todos los ciudadanos. 

Cuando el movimiento independentista intenta reorganizarse después de haber alentado de forma totalmente irresponsable una semana de violentas manifestaciones, JxCat, ERC y la CUP pactan una resolución a favor de la autodeterminación y en contra de la monarquía. Los letrados de la Cámara han advertido del riesgo de que se pudiera estar cometiendo desobediencia al Constitucional, después de que la semana pasada se les instara a que el Parlament no realice pronunciamientos que ya han sido suspendidos o anulados. Pero el soberanismo mantiene su estrategia desafiante, entre otras razones para intentar tapar su división interna.

El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), pretende justificar su provocación como un ejercicio de libertad de expresión. Sin embargo, la advertencia del TC sobre las responsabilidades penales no deja lugar a dudas sobre su intención de actuar inmediatamente porque ningún ciudadano ni ningún poder está por encima de la ley en un Estado de Derecho. Ni Torrent ni ningún diputado puede esgrimir que el Constitucional no ha dejado claro que está abierta la vía para acusar de prevaricación a quien no obedezca a la máxima instancia del ordenamiento judicial español.