Pedro Sánchez, que ayer protagonizó dos actos en Aragón, ha dejado claro que no le temblará la mano si hay que aplicar de nuevo el artículo 155. El líder del PSOE ha asumido que este asunto será uno de los ejes de la campaña electoral ante la proximidad de la sentencia del Supremo, que se espera para mediados de octubre. Ahora bien, más allá de la tentación de utilizar electoralmente el desafío catalán, todos los partidos deben actuar con la máxima responsabilidad en defensa de la Constitución y de la unidad del país.

El segundo aniversario del aciago día en que el independentismo forzó un referéndum ilegal contra la mitad de los catalanes y el resto de los españoles para liquidar el orden constitucional se recordó ayer con más pena que gloria. La tibieza de las manifestaciones secesionistas, la normalidad jurídica que se respira en el Tribunal Supremo y el desinterés internacional por los ejercicios del bloque independentista para llamar la atención son pruebas evidentes de que el relato soberanista se está agotando. No obstante, tampoco hay ninguna duda de que los actuales líderes del ‘procés’ no cejarán en su insensato empeño frentista. Temen que la reacción de sus seguidores a la decisión del Supremo no esté a la altura de lo que necesitan y por ello han optado por la actual estrategia de incrementar la tensión. 

La obcecación de los dirigentes separatistas puede volver a dar lugar a situaciones muy graves, ante las cuales el Estado de derecho dispone de la capacidad que le confiere el artículo 155 de la Constitución, al que ayer hizo referencia en Aragón el presidente del Gobierno en funciones, señalando que llegado el caso lo aplicaría con firmeza y proporcionalidad. En un asunto de tanta trascendencia, las fuerzas políticas democráticas tienen que dejar de lado cualquier electoralismo y ajustarse a criterios que garanticen su unidad de acción frente a quienes amenazan el orden constitucional.