Desafío al parlamentarismo
El Reino Unido afronta una crisis política sin precedentes tras la decisión de Boris Johnson de suspender temporalmente el Parlamento para poder ejecutar a su antojo un ‘brexit’ sin acuerdo. Se anuncia una intensa y justificada batalla legal en torno a este durísimo golpe al parlamentarismo en una de las democracias más antiguas y prestigiosas del mundo.
El 23 de julio, Boris Johnson fue elegido líder del Partido Conservador británico con el 66% del voto de los militantes y al día siguiente se convirtió en primer ministro con la promesa de concluir el ‘brexit’ el 31 de octubre a cualquier precio. Como no es esa la opinión mayoritaria del Parlamento, opuesto a una salida de la UE sin acuerdo, Johnson ha optado por cerrar Westminster del 13 de septiembre al 14 de octubre. Esta suspensión tendrá un efecto: limitar a menos de una semana los debates parlamentarios para tratar de evitar una salida de la UE sin acuerdo y, en concreto, evitar que la Cámara desempeñe sus naturales funciones de control sobre el Gobierno, o que legisle contra un hipotético ‘brexit’ duro. Ha provocado así un choque institucional sin precedentes entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Boris Johnson cree que al Reino Unido le irá mejor fuera de la UE, que su país protagonizará una nueva revolución patriótica y que la dependencia de Estados Unidos es un buen negocio. Es muy libre de pensar así. Lo que no debe hacer, aunque alguna triquiñuela legislativa se lo permita, es pisotear a la oposición, a casi la mitad de los ciudadanos que votaron a favor de permanecer en la UE y a los contrapoderes parlamentarios. Políticos de diferente signo han anunciado una batalla en los tribunales en las dos semanas que quedan para que se formalice la suspensión de sesiones. No es sensato poner en riesgo los equilibrios institucionales de la democracia. Y menos, cuando están en juego decisiones trascendentales.
