Puede entenderse que la situación de provisionalidad del Gobierno central esté retrasando la firma del convenio para paliar los efectos del cierre de la térmica de Andorra, pero lo que no parece lógico es que el Ejecutivo lo condicione a la continuidad de una persona concreta en el Ministerio. En todo caso, cuando apenas faltan diez meses para el cierre, la comarca andorrana continúa sufriendo una incertidumbre sobre su futuro que debe despejarse cuanto antes.

El convenio de transición justa que la ministra Teresa Ribera se comprometió a suscribir debería haberse firmado el pasado mes de junio. La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de forzar la marcha hacia el abandono del carbón como fuente de producción eléctrica supondrá el cierre de la central térmica de Andorra el año que viene, con unas consecuencias económicas y sociales que, si no se toman medidas compensatorias suficientes, podrían ser catastróficas para toda la comarca andorrana. El adelanto electoral dejó en el aire el futuro de ese convenio, que no se hará realidad hasta que haya un nuevo Ejecutivo. Pero, en todo caso, se trata de una necesidad ineludible y de un compromiso del Gobierno de España que no cabe ligar, como ahora se anuncia, a la continuidad de una persona concreta ni a las pugnas entre partidos para la investidura. 

La situación para Andorra, y para Aragón, es muy preocupante. Cuando en principio solo faltan diez meses para el cierre, el convenio no se ha firmado ni se sabe cuándo se firmará. Pero es que además el Ministerio tampoco ha definido su contenido ni su financiación ni sus plazos de ejecución. Ni siquiera ha contestado las alegaciones del Gobierno aragonés. Demasiada incertidumbre para un asunto en el que está en juego la supervivencia de un territorio. Si no es posible poner en marcha a tiempo todas las medidas necesarias para evitar una debacle económica y demográfica en Andorra, lo único razonable sería retrasar el cierre.