Proteger al menor, la prioridad

El asesinato del joven Ismael en Andorra, que tuvo una actitud heroica al intentar salvar la vida de su madre, vuelve a colocar en el foco del debate la necesidad de proteger al menor con todos los instrumentos que otorga la ley ante la violencia machista.

Solo durante el año pasado, un total de 354 menores tuvieron que ser atendidos en Aragón como víctimas de la violencia de género, una cifra escalofriante que habla por sí misma del profundo problema que subyace en la sociedad. Según la estadística del Ministerio de Presidencia e Igualdad, desde 2013 se han contabilizado 30 víctimas mortales menores de edad en España, tres de los cuales se han producido este año, la última la del parricidio de Andorra. La unánime repulsa de la sociedad aragonesa a este hecho, con concentraciones en diferentes puntos de la Comunidad, debería servir también para trasladar junto al profundo dolor la reflexión y la exigencia de un cambio normativo necesario para intentar evitar que hechos como los sucedidos en Andorra vuelvan a repetirse.

En ese sentido, el mismo Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge la necesidad de modificar la ley para evitar que los maltratadores puedan acceder a regímenes de visitas con sus hijos menores. En la misma línea el Defensor del Pueblo ha exigido que las Cortes regulen cuanto antes la suspensión de la patria potestad para los maltratadores, con medidas cautelares añadidas.

Desde la consternación y el profundo dolor, solo cabe agarrarse a la esperanza que estos días manifestaba también la madre de Gema sobre la deseada recuperación de su hija, quien sigue ingresada en la uci en un estado de extrema gravedad tras las heridas infligidas por su marido. Ese mensaje es al que también se agarra toda la sociedad aragonesa, ante un hecho espeluznante que genera la mayor de las repulsas.