Aranda y los jesuitas

El conde de Aranda, aragonés nacido ahora hace tres siglos, se encargó de expulsar de medio mundo (eso eran los dominios del rey de España) a los jesuitas. Le correspondió la tarea como ministro principal de Carlos III. Y no conviene olvidar que fue el rey mismo quien encabezó la gran operación política, la cual no concluyó con la expulsión, ordenada en 1767, sino con la extinción total de la Compañía de Jesús, en la que se empeñó el monarca durante casi siete años más. La deseaba "ardientemente", según él mismo escribía. Hasta el punto de que el 'breve' del papa Clemente XIV ordenando la supresión de la Compañía con fecha de 16 de agosto de 1773 fue impreso en la embajada española ante la Santa Sede.

Los jesuitas, por su dimensión, estilo e influencia, eran una orden detestada por las demás, dada la autonomía lograda por los hijos de Ignacio de Loyola. Consta que dos tercios de los obispos (46 de 60) no los apreciaban. En frase de un mitrado, "por la laxedad de su doctrina, en algunos puntos tan perversa que podría avergonzarse de ella el mismo Corán", sin contar con su pésima fama, y no a juicio de "malévolos, sino de varones doctos, celosos y santos". Y concluía: su existencia, "una vez así infamada, ya no conviene, no digo en un Reino, ni aun en la Iglesia".

Las acusaciones se encadenaban: relativismo moral, tolerancia del regicidio, ritos exóticos en Asia, teología heterodoxa sobre la gracia divina, contrabando, manipulación de los indios en las ‘reducciones’ del Paraguay para crear un estado dentro del estado...

En América sucedía otro tanto. Los obispos de la Nueva España (México) llegaron a pedir la beatificación del virrey, arzobispo Palafox, constructor de la catedral de la Puebla de los Ángeles, entre otros motivos inconfesos por su clara enemiga con los jesuitas.

Si Aranda fue tildado sin causa de masón, su decisión al cumplir el mandato regio le valió el juicio de "sectario" entre historiadores rancios, como el marqués de Lozoya.

En la España metropolitana, la Compañía tenía centenar y medio de casas, de las que dos tercios eran colegios. En la _España americana y asiática, otras tantas.

El problema no era solo español, sino de la época. El rey de Portugal los había expulsado en 1759 por "desnaturalizados (malos portugueses), rebeldes públicos, traidores y regicidas". El de Francia lo hizo en 1762. Cuando Carlos III se decidió, siguieron su ejemplo, como jefe de la familia que era, el rey de Nápoles y el duque de Parma.

Si bien católicos, como Aranda, todos eran 'regalistas', defensores de la hegemonía del rey sobre la Iglesia, la Inquisición y el papa, a quien los jesuitas juran especial obediencia. Carlos y sus ministros estimaban, además, que el clero era en exceso numeroso y con privilegios onerosos. En 1762, el rey había impuesto el 'exequatur' ('ejecútese'), el visado real obligatorio para toda orden papal que afectase a la Monarquía. Y en 1771 creó el tribunal de la Rota, con seis jueces elegidos por él, para reemplazar al tribunal papal precedente.

El asturiano Campomanes y el aragonés Roda (cuya preciosa biblioteca está en San Carlos de Zaragoza), subordinados de Aranda, prepararon la expulsión –sin juicio– de los jesuitas, "porque su cuerpo estaba corrompido y ser terribles enemigos de la quietud de las monarquías". Incluso hubo guerra sucia: se falsificó una carta del superior general jesuita que señalaba al rey como hijo adulterino de su madre, Isabel de Farnesio.

Carlos, el 27 de febrero de 1767, ordenó a Aranda, su jefe de gobierno, ejecutar la expulsión. Este, con su usual exactitud, organizó la detención exhaustiva, nocturna y por sorpresa de los casi 2800 jesuitas de la España metropolitana. No hubo escándalo ni resistencia. El papa no quiso acogerlos, aunque, pasado un tiempo, los recibió en sus dominios de Ferrara y Bolonia.

Los jesuitas, cuyos pupilos copaban un alto porcentaje –acaso un 80%– de los altos cargos políticos y docentes, no tenían amigos. Pero tampoco parece que culpasen a Aranda de sus males.

Según estudió Rafael Olaechea, don Pedro Pablo tenía un medio hermano jesuita, Gregorio Iriarte, y no se había enterado hasta entonces. La madre del conde, en una ausencia de su marido, tuvo un hijo de un amante del que no se sabe nada. Como en los novelones, pasó lo último del embarazo y el parto en casa de unos Iriarte servidores suyos que vivían en Corella. El niño tomó ese apellido y nadie supo nada hasta que, se ignora cómo, el hombre más poderoso de España después del rey tuvo noticia tardía del infamante desliz de su madre, María Josefa Pons (y, en consecuencia, de la veterana cornamenta del extinto don Buenaventura, el IX conde). El remedio para Gregorio, por quien concibió un gran afecto, fue sencillo: lo sacó ipso facto de la Compañía de Jesús y le buscó un buen destino clerical, en el que vivió en adelante sin pasar apuros y ya sin vocación.

Hay quien cree que Aranda tuvo poco que ver en el caso jesuítico, pero, por lealtad al rey, ideas y carácter, lo verosímil es lo contrario. Su talante le hubiera dificultado seriamente ejecutar algo tan grave contra su conciencia.