Pedro Sánchez tiene perfectamente asumido que incorporar a Pablo Iglesias a los primeros niveles del Ejecutivo solo le ocasionaría un permanente quebradero de cabeza. Pese a la amenaza de verse obligado a convocar unas nuevas elecciones, no parece que haya sitio para ningún ministro de Unidas Podemos en el futuro Gobierno socialista. Las razones para frenar la entrada de Iglesias son múltiples, aunque la primera de ellas encuentra respuesta en el conflicto catalán. A la espera de la sentencia del juicio del ‘procés’, los primeros meses de ese hipotético Gobierno a dos podrían transitar con cierta normalidad, entre tirones y alguna declaración encontrada, nada serio ni nada alejado de lo habitual en una coalición, pero una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo, Sánchez sabe que la fractura sería absoluta. Si en algo se ha venido empeñando en estas semanas el presidente en funciones es, precisamente, en blanquear su actual papel al frente del Ejecutivo en funciones, buscando distanciarse –el acuerdo alcanzado en Navarra por el PSN de María Chivite choca abiertamente con esta estrategia personal– de los apoyos independentistas que avalaron la moción de censura. Una interpretación política de la sentencia del Supremo en división, sin un Gobierno que expresase un criterio compartido en una cuestión tan clave y determinante como es la unidad de España, pasaría a los socialistasuna factura insoportable. Sánchez conoce a Iglesias y sabe del peligro que implicaría, tanto para él mismo como para la imagen del Ejecutivo a nivel nacional y, especialmente, después del trabajo realizado ante las instituciones europeas, una respuesta a la sentencia asentada en puntos intermedios o en abierta disconformidad con lo dictado por el Supremo. Hoy por hoy, Sánchez no quiere que el desafío catalán conceda aire a PP y Ciudadanos, aunque cuestión bien distinta es lo que pueda ocurrir pasados algunos meses o superado el primer impacto mediático.

Incluir a Iglesias en el Gobierno, por muy menor que fuera el ministerio otorgado, implicaría contar ‘de facto’ con un vicepresidente sin cartera que se pasearía sin apuros ni frenos por todo el arco del Ejecutivo, haciendo público alarde, en más de una ocasión, de las diferencias con las políticas emprendidas.

Como socio de Gobierno, Iglesias, además de la incómoda convivencia, se muestra abiertamente desleal a ojos del PSOE, en especial por las muchas apreturas que le obligan a sostener su supervivencia en una permanente búsqueda de visibilidad. Iglesias no puede conformarse con un papel menor, recluido en el Congreso y administrando su respaldo a Sánchez, necesita sentirse protagonista.

Son muchos los temores de Iglesias, pero el principal de todos ellos es una repetición electoral. La caída de Podemos no se ha detenido y pese a lo rocambolesco de algunas propuestas –nombrar a figuras independientes respaldadas por su partido para que se conviertan en ministros del Gobierno socialista– prefiere un mal encaje con Sánchez que volver a los colegios electorales. El cambio de registro de Albert Rivera, que ha hecho del no a Sánchez un punto estatutario dentro de su formación, y la visión cortoplacista del líder del PSOE impidieron la coalición, momento que Iglesias aprovechó para renacer de una derrota que por los muchos errores propios le había apartado de cualquier aspiración de Gobierno.