El Constitucional mantiene la suspensión parcial de la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón, atiende la petición del Gobierno de Pedro Sánchez y deja sin efecto un artículo que se refiere a la vecindad civil porque podría afectar a resultados electorales. El nuevo Ejecutivo aragonés, que aún se está pactando, debe aprovechar la recién estrenada legislatura para corregir los errores de la ley y evitar un previsible varapalo en el Alto Tribunal. 

El pleno del TC ha decidido mantener la suspensión del artículo 7.1.c, que permite «gozar de la condición de aragoneses» a los «ciudadanos españoles con vecindad civil aragonesa, aunque residan fuera de Aragón, siempre que lo soliciten de acuerdo con lo dispuesto en la ley». Detrás de esta redacción hay una posible afección en los procesos electorales que el Ejecutivo de Sánchez pretendió evitar con el recurso que presentó contra esta Ley 8/2918, que fue admitido a trámite en febrero del año pasado. Hace bien el Constitucional en actuar ahora para no poner en peligro la seguridad jurídica porque, si al final se declarara inconstitucional el polémico artículo, se pondrían en cuestión incluso los resultados electorales.

El Tribunal se tendrá que pronunciar sobre los dos recursos interpuestos contra esta ley, que se aprobó en las Cortes con los votos de PSOE, Podemos, PAR, CHA e IU. Uno lo presentó el PP y otro el Gobierno de Sánchez, que consideró que vulnera la Carta Magna. Javier Lambán, que ha obtenido protagonismo nacional por su cerrada defensa de la unidad de España, debe organizarse con sus nuevos socios para enmendar una ley sobre asuntos acerca de los cuales no era preciso legislar, que olvida que el fundamento jurídico de la autonomía es la Constitución y que enmienda el Estatuto de autonomía. En el contexto de la nueva legislatura, se impone dar a este asunto una solución sensata y ajustada a los principios legales.