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  • Heraldo de Aragón

Recaudar y gastar

Imagen aérea de Zaragoza, donde se concentran el 75% de las solicitudes de ayudas de alquiler.
Imagen aérea de Zaragoza, donde se concentran el 75% de las solicitudes de ayudas de alquiler.
José Miguel Marco

La reforma fiscal que aprobó el Gobierno aragonés en 2015 reportó a las arcas autonómicas 382 millones de euros adicionales el año pasado. Este aumento de la recaudación no ha sido suficiente para hacer frente al incremento del gasto social. Por ejemplo, más de 2.500 familias se quedan sin ayuda de alquiler pese a que la DGA incrementó la partida. Se impone una racionalización del gasto, empezando por una evaluación de la rentabilidad de las ayudas públicas

España logró el año pasado la mayor cifra de recaudación de impuestos de su historia. Los ingresos fiscales escalaron hasta los 207.610 millones de euros. Pese a ello, las Administraciones públicas volvieron a gastar más de lo que ingresaron. Lo mismo ocurre en Aragón: ha aumentado la recaudación, pero sigue creciendo la deuda y la necesidad de recursos. De hecho, la Comunidad y el conjunto del país van a requerir más presupuesto para sufragar pensiones y sanidad. Se impone un proceso de reflexión que dé lugar a un pacto para asegurar el sostenimiento del Estado del Bienestar, un modelo social que defiende la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Urge, pues, un amplio debate nacional para consensuar una reforma fiscal que ataje el déficit, permita reducir la deuda y adapte el sistema tributario español a los desafíos demográfico y digital. Para empezar, como recomiendan varios organismos autorizados, hay que realizar un análisis coste-beneficio del vasto cuadro de deducciones y desgravaciones fiscales. El conjunto del Estado tiene pendiente, tras superar la crisis financiera que comenzó en 2008, una adaptación del modelo recaudatorio y también del sistema de gasto. Es necesario acometer una modernización que vaya desde la mejora de los procedimientos de control del gasto a una reforma administrativa que incluya una racionalización de los organismos públicos y de las relaciones estatales, autonómicas y municipales.

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