El Tribunal de Justicia de Aragón anula el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza que permitía la construcción de Torre Village en los terrenos de la antigua fábrica de Pikolin en la carretera de Logroño. La sentencia abre un abanico de opciones judiciales y administrativas, pero es preferible un acuerdo para ajustar el plan del ‘outlet’ al Plan General de Ordenación Urbana.

La promotora del centro comercial Torre Village recurrirá el fallo del TSJA ante el Tribunal Supremo. La vía para hacerlo es la casación, aunque es complicado que salga adelante porque la última reforma legal redujo los supuestos para la impugnación. Si el Supremo la admite, se abriría un paréntesis hasta la resolución mediante una nueva sentencia. En el caso de que el tribunal desestime el recurso y las obras se paralizaran definitivamente, la promotora podría iniciar negociaciones políticas o un procedimiento judicial de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración y lucro cesante, que podría ser muy oneroso para la ciudad.

Tanto la vía judicial como la de la indemnización dan lugar a múltiples incertidumbres para la promotora, las futuras operadoras comerciales, las empresas constructoras, los trabajadores que realizan las obras y, también, para el conjunto de la ciudad con su Ayuntamiento a la cabeza. Por todo ello, parece oportuno negociar una salida a través de un nuevo debate sobre el plan especial del ‘outlet’ para adecuarlo a las exigencias de la propia sentencia y, por tanto, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza. El actual equipo de gobierno de ZEC está en contra del gran complejo comercial, pero las elecciones municipales de mayo pueden cambiar el escenario negociador. Lo importante es dar con una solución justa que atienda los intereses de todas las partes dentro del marco legal. La seguridad jurídica es primordial para el desarrollo de toda sociedad moderna.