En la playa, menos humos

Con más de un millón de turistas cada año, Lloret de Mar es el segundo destino de playa más importante de Cataluña y el quinto de España. Turistas de todo el mundo, con diferentes costumbres y hábitos, acuden a su costa y es difícil contentar a todo el mundo. Pero una iniciativa está cogiendo fuerza en los últimos años y el consistorio lloretense ha decidido ponerla en práctica: la prohibición de fumar. En cuatro de sus playas se han habilitado espacios sin humo y en una se ha prohibido fumar completamente: Sa Boadella.

Las zonas en las que no se puede fumar están señalizadas con paneles en varios idiomas, pero además la policía local recorre la costa para cerciorarse de que se cumple la normativa. Curiosamente, también realiza la tarea contraria: regalar ceniceros en aquellos tramos de costa donde sí está permitido coger un cigarrillo.

Millones de residuos

El principal objetivo de la iniciativa es acabar con las molestas colillas en la arena. De los 90 millones de cigarrillos que se consumen al día en España, se calcula que un 15% de ellas acaban en las costas del país, perjudicando especialmente a aquellas playas que cuentan con el distintivo de bandera azul, que necesitan cumplir con una serie de condiciones ambientales para mantener su respetado galardón.

La comunidad autónoma que lucha con más fuerza contra el humo en las playas es Galicia, que incluso cuenta con la ‘Red Gallega de Playas sin Humo’. Esta red alcanza ya los 67 arenales y 37 ayuntamientos adheridos. Sin embargo, encenderse un cigarro frente al mar todavía no es sancionable. Donde sí puede conllevar una multa de hasta 450 euros es en Mogán, Las Palmas, y Sant Feliu de Guixols, con hasta 300 euros.

Los vecinos suelen estar divididos en estas cuestiones, como ya ocurrió con la ley antitabaco de 2011. Por ello, en ocasiones los ayuntamientos deciden resolver la cuestión con una votación. La más importante que ha habido en España fue la realizada el año pasado en Las Palmas de Gran Canaria, donde se llamó a las urnas a 329.741 habitantes para decidir si se prohibía fumar en la playa de Las Canteras.

Para el palmense Daniel Sarmiento, la prohibición es beneficiosa ya que «si si se fuma menos, se ensucia menos. Además en una playa con tanta gente como Las Canteras siempre te llega el humo del de al lado». A pesar de todo confiesa que aún hay quien se salta la prohibición. «Todavía puedes ver las colillas en la arena», afirma.

Más prohibiciones

El uso de las playas está regulado por la Ley de Costas, pero es cada municipio el que desarrolla qué se puede hacer y qué no en sus arenales, por lo que existen diferencias importantes entre unos y otros.

El acceso con animales es uno de los asuntos con más variedad, ya que en algunos municipios está prohibido, en otros está permitido, y en algunos se habilitan espacios y horas en las que se puede acudir con mascotas. Hay otros asuntos con más consenso, como la prohibición de realizar barbacoas –excepto en fiestas como la Noche de San Juan–, o la delimitación de zonas para llevar a cabo deportes acuáticos.

Sin embargo, es menos frecuente que estas actividades prohibidas conlleven una sanción económica, aunque no imposible. Pernoctar en la playa de Valencia, por ejemplo, puede conllevar una multa de entre 751 y 1.500 euros.

Y aunque la playa esté llena de agua y la presencia de duchas en los arenales sea habitual, su uso inapropiado también está prohibido. Este es el caso de emplear geles o lavar utensilios de cocina. La mayoría de las playas también prohíben la circulación de vehículos sobre la arena, aunque algunas son más restrictivas que otras como Valencia, que impide también la entrada a las bicicletas.

Otros vehículos suponen un problema mayor, como es el caso de las autocaravanas y caravanas. Algunos municipios han optado por zanjar la discusión prohibiendo su estacionamiento en los aparcamientos públicos y en las cercanías de las playas, como es el caso de Chipiona y Cádiz.

La regulación, un negocio

Que los ayuntamientos tengan la potestad de legislar sobre sus playas no solo conlleva restricciones, sino también beneficios para los consistorios. En las playas de San Sebastián es la corporación quien presta el servicio diario de alquiler de sillas y tumbonas.

La venta ambulante –tan extendida en las playas de la costa dorada– está prohibida en la mayoría de los arenales, aunque hay municipios que han optado por regularizarla. Chipiona es uno de ellos y decidió autorizar un puesto de venta cada 200 metros.

Con lo que no se puede hacer negocio es con el acceso a la propia playa, ya que la Ley de Costas es clara en este aspecto y declara las playas de uso público y gratuito. Desde la web de Legalitas aseguran que «no está permitida la existencia de playas privadas y ningún establecimiento turístico o urbanización residencial privados pueden impedir el acceso a una plaza», con lo cual no existen en nuestro país las ‘playas privadas’.