La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, y el consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferran Mascarell, han formalizado este lunes en el Archivo Nacional de Cataluña (ANC) la llegada de la penúltima entrega de los denominados papeles de Salamanca; un gesto importante para el consejero, quien ha dicho que pone fin a un «agravio» que se remonta a 1938, cuando fueron incautados los primeros documentos.

Son 730 legajos y 365 cajas con documentos pertenecientes a partidos, sindicatos, entidades y particulares, y aunque ambos han coincidido en que el retorno es una muy buena noticia, Mascarell ha recordado que aún no es «un día de celebraciones» porque falta una última entrega.

«No es el total de los documentos que espera la sociedad catalana», ha dicho el consejero, que ha remarcado que será cuando llegue la última remesa de documentos cuando se cierre un agravio que también se ha mantenido en tiempos democráticos, de manera incomprensible para muchas personas, ha asegurado.

Esta aptitud del Gobierno catalán contrasta, sin embargo, con su postura respecto a la devolución de los bienes sacros aragoneses retenidos en el Museo Diocesano de Lérida. A pesar de las resoluciones de la Justicia eclesiástica que, reiteradamente, han corroborado el derecho que ampara a Aragón y al Obispado de Barbastro-Monzón a reclamar las 112 obras procedentes de las parroquias oscenses, estas siguen retenidas por la diócesis ilerdense

Botín de guerra

Sobre los papeles de Salamanca, González Sinde ha remarcado que los documentos son parte de un botín de guerra y que fueron utilizados con fines represivos, y ha afirmado tajantemente: «No vuelven a Cataluña por ninguna arbitrariedad, vuelven a Cataluña porque son de Cataluña», además de asegurar que la única forma de no hacer un uso político de los papeles era devolverlos a sus legítimos propietarios.

En este sentido, la ministra de Defensa, Carme Chacón, se ha mostrado más contundente y ha aseverado que este día es «emocionante» para los que han sufrido insultos, ataques, manifestaciones, obstrucción en los tribunales y han asistido al nombramiento de 'calle del expolio' a la calle donde estaba el archivo en Salamanca, ha recordado.

«Hoy sería un buen día para que el PP pidiera disculpas, por tantas veces que han insultado a Cataluña, han insultado a los catalanes, y han impedido que días de dignidad como el de hoy se vivieran antes», ha reclamado en declaraciones a los medios.

Preguntada por la fecha de la última entrega, la ministra ha anunciado que la comisión técnica que trabaja con los documentos se reunirá en septiembre, por lo que puede que tenga lugar «antes de final de año».

Se trata de 660 cajas confiscadas a particulares y entidades privadas durante y después de la Guerra Civil, siendo la mayoría documentos sueltos como calendarios, carteles, fotografías y mapas y casi un millar de objetos como banderas, insignias, monedas y tampones.

Parte de estos documentos fueron incautados a entidades catalanas, pero por su cercanía, fueron depositados por el bando nacional en el archivo de Vinaroz (Castellón), y aunque en un principio la ley no contemplaba la devolución de estos fondos, la ministra ha confiado en que el proceso sea «fluido» y no haya problemas.

Sobre el detalle de lo que debe retornar, Mascarell ha dicho: «A veces tenemos la impresión de que hablamos de realidades diferentes», y ha confiado en que la comisión técnica se ponga de acuerdo en la lista exacta de documentos que se tienen que devolver.

Antes del acto, la Comisión por la Dignidad, una de las entidades que más ha batallado por el retorno de los papeles, se ha manifestado a las puertas del ANC, y su portavoz, Josep Cruanyes, ha intercambiado unas breves palabras con la ministra, mientras decenas de personas portaban 'esteladas' y pancartas reclamando la devolución definitiva de todos los documentos.