Cuenta atrás para Teddy Bautista como presidente de la SGAE

Una comisión rectora con poder ejecutivo tomará las riendas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), pero no será antes del martes 12 de julio, cuando culmine el periodo electoral –que no se repetirá– cerrado horas antes de que estallara el escándalo que sacude los cimientos de la centenaria institución.

La junta en funciones que comanda ahora la entidad será quien nombre a los cuatro autores y un editor que integren la comisión, que asumirá todas las funciones ejecutivas del consejo de dirección. La presidirá un director «externo e independiente y de reconocido prestigio que permita asegurar sus objetivos».

Un presidente cuya identidad se ignora y que tendrá que estudiar la situación, auditar las cuentas y decidir sobre el futuro de Teddy Bautista, «que no piensa dimitir y al que la junta no ha instado a que dimita». La misma junta que ha decidido apartar de sus cargos a José Luis Rodríguez Neri, máximo responsable de la trama para el desvío de fondos según el auto del juez Pablo Ruz.

Así lo comunicaron ayer los cinco miembros de la junta de la SGAE que dieron la cara en una multitudinaria y confusa rueda de prensa que no arrojó demasiada luz sobre el futuro de la casa, más allá de los buenos propósitos, y que dejó momentáneamente en el aire el futuro de Teddy Bautista, para quien parece haber comenzado la cuenta atrás. Y es que el presidente ejecutivo seguirá siendo, técnicamente, el máximo responsable de la SGAE al menos hasta el próximo martes. A partir de entonces, el cargo de Bautista quedará a disposición de la nueva comisión.

Los socios de la SGAE apelaron a la presunción de inocencia y reconocieron que no han reclamado la dimisión de Bautista, pero dejaron claro que la junta y la comisión que designen «tendrá poderes para destituirle».

También invocaron la presunción de inocencia para José Luis Rodríguez Neri, director de la SDAE (filial de SGAE) y a quien el juez ha enviado a prisión, con una fianza de 300.000 euros, como presunto cerebro de una «trama empresarial parasitaria» que habría desviado fondos para su provecho a través de familiares, algo de lo que según el auto, Bautista debería tener conocimiento.

La junta sí decidió apartar de la dirección de Sistemas Informáticos a José Rodríguez Neri «sin perjuicio de su derecho a la presunción de inocencia, de tal manera que la investigación se lleve a cabo con la máxima libertad, rigor y disciplina». La junta dijo disponer de una declaración notarial según la cual Neri estaba totalmente desvinculado de Microgénesis, la empresa con la que durante años la SDAE contrató servicios y que administraban sus familiares.

Los socios de la junta directiva que –Víctor Manuel, Caco Senante, Sabino Méndez, Ernesto Caballero y Juan Ignacio Alonso–, sin renunciar al victimismo, apelaron a la calma, pidieron sensatez ante los «desmanes informativos», pusieron en duda muchos de los extremos contenidos en el auto del juez Ruz, reivindicaron la presunción de inocencia para todos los imputados y sus familias «hasta que no se demuestre lo contrario» e hicieron equilibrios para sostener que desconocían cualquier detalle de las actuaciones irregulares de los últimos años investigados por la Guardia Civil y recogidas en el auto del magistrado.

Por su parte, Ignacio Casado, delegado de la SGAE_para la zona norte, se reafirmó ayer en su negativa a valorar todo lo que está ocurriendo en la sede central de la institución. «No soy quién para realizar declaraciones en este momento», dijo. Respecto a la influencia que puede tener la situación actual en el proyecto del auditorio en Zaragoza, subrayó que «ahora no toca hablar de eso».Depuración interna

El compositor, cantante y productor de cine Víctor Manuel dio lectura a un comunicado de seis puntos, en el que se asegura que se abrirá una investigación interna sobre las irregularidades investigadas por la Audiencia Nacional y destinada a «depurar responsabilidades». El resultado se pondrá a disposición de la autoridad judicial y servirá de base para que la SGAE se persone en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional «para reclamar los daños y perjuicios que pudieran haberse producido» si así lo aconsejan sus conclusiones.