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TRIBUNALES

La batalla judicial por la estación de Canfranc deja a Apudepa económicamente maltrecha

Se ha visto obligada a hacer una colecta de fondos y una campaña de captación de socios para pagar las costas de un recurso«No hemos estado a punto de desaparecer, pero habrá dificultades», dice su presidenta.

Exterior de la estación de Canfranc, vallada.
La batalla judicial por la estación de Canfranc deja a Apudepa económicamente maltrecha
LAURA ZAMBORAIN

El dicho es, en realidad, una maldición: «Tengas pleitos... y los ganes». Y lo está experimentando en sus propias carnes Apudepa, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, en la batalla que inició hace cinco años en defensa de la estación internacional de Canfranc. Aunque los tribunales han acabado dando la razón a la asociación en los principales argumentos que ha ido esgrimiendo en los últimos años -la adjudicación de las obras a Pérez Latorre no se hizo bien, los criterios de restauración previstos en principio no eran los adecuados-, una cuestión aparentemente menor ha sumido a la asociación en los mayores problemas de sus 15 años de historia.

Apudepa ha sido condenada a pagar las costas de un recurso que planteó, y aunque el monto total no será superior a los 9.000 euros, la cifra, en una entidad que tiene 152 socios (36 euros anuales de cuota, la mitad para jóvenes y jubilados) es un drama. En algunos círculos se ha llegado a asegurar que Apudepa estaba a punto de extinguirse, de desaparecer, extremo que negó rotundamente ayer su presidenta, Belén Boloqui.

«El pago no nos ha quitado el sueño -aseguraba-. Tenemos una tesorera fantástica, Isabel Gimeno, que va siempre un paso por delante de las necesidades de la asociación. Y, por nuestra buena administración, vamos a tener dinero para pagar. Sinceramente, no he llegado a temer por nuestro futuro. No porque la situación no haya sido grave, que lo ha sido, porque nos hemos enfrentado a gigantes. Hubo un momento, sí, en que cundió un poco el pánico. Y en el futuro tendremos dificultades».

Para hacer frente a las costas, Apudepa ha realizado una colecta especial, con la que ha recaudado 1.600 euros, y una campaña extraordinaria de captación de socios, que ha engrosado sus filas con una veintena de personas más. Entre unas cosas y otras, logrará salir adelante aunque, como señalaba ayer Belén Boloqui, «en los próximos dos años vamos a estar un poco 'cogidos' y va a ser difícil que nos metamos en más pleitos. Habrá que asumirlo».

El largo proceso judicial

Apudepa inició la batalla judicial por la estación internacional de Canfranc en agosto de 2006, cuando impugnó la autorización de la Comisión de Patrimonio y Cultura de Huesca por la que se aprobaba el proyecto de intervención en el edificio. Pedía la suspensión cautelar de las obras porque entendía que el proyecto de adecuación de la antigua estación para hotel no respetaba los elementos artísticos del edificio (entre otras cosas, estaba previsto subir una planta más).

Pero su petición fue desestimada, así que en septiembre planteó un recurso contencioso administrativo, que fue estimado parcialmente por el Juzgado de Huesca el 28 de noviembre de 2007. Para entonces, la propia DGA ya había cambiado los planteamientos iniciales de las obras, asumiendo buena parte de los planteamientos de Apudepa.

Pero el juez, en su resolución, avalaba un aspecto que para la asociación era crucial: que se podía sustituir el tejado de pizarra original por otro de zinc. Y la asociación, tras someterlo a votación, decidió interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que lo acabó desestimando meses después y, además, le impuso las costas. Todo un drama.

Según la citada sentencia, la sustitución del material de la cubierta en el bien protegido «ni altera en carácter ni va a perturbar su contemplación», y el cambio «se encuentra suficientemente justificado por los problemas de filtraciones que la pizarra ocasionaba por las concretas características del edificio».

Según desgrana Isabel Gimeno, tesorera de Apudepa, ya se han pagado las costas al ADIF (717 euros) y al Ayuntamiento de Canfranc (poco más de 1.500, entre abogado y procurador). Además, ya se ha recibido la factura correspondiente de Suelo y Vivienda de Aragón (3.500), y se espera recibir en breve la del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón.

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