El Consejo de Estado ha recomendado al Gobierno medidas dirigidas "a la transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor" y un sistema de canon que no presuponga que cada soporte grabable va a ser usado para copiar material protegido.

Las recomendaciones se recogen en el dictamen emitido el pasado día 18 por el Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que el Consejo de Ministros aprobó un día después y en cuya disposición final primera se incluyen medidas para proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor en Internet.

El Consejo de Estado propone además acotar con más claridad los supuestos en los que se bloqueará una página web o se ordenará la retirada de contenidos de la misma y que se concrete la actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual.

"Como reflexión al hilo de la propuesta examinada, no se le ocultan al Consejo de Estado las dificultades derivadas de la relación entre Internet y los derechos de autor, que aconsejan un tratamiento lo más global posible", sostiene este órgano en su informe.

El Consejo de Estado considera que "medidas encaminadas a la transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor o a la exigencia de compensaciones equitativas por copias privadas no basadas en la presunción de que un soporte grabable se adquiere para copiar material registrado contribuirían a crear un marco más favorable a la tarea de preservación de la propiedad intelectual que se persigue".

También recomienda iniciativas para el fomento de las "descargas lícitas de contenidos protegidos".

Casos de "gravedad manifiesta"

Además, el Consejo de Estado suscribe en su informe algunas de las recomendaciones efectuadas en enero en el dictamen sobre el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible por el Consejo General del Poder Judicial, que avaló que sea la Audiencia Nacional el órgano judicial competente para decidir sobre el cierre o bloqueo de páginas web con contenidos que vulneren los derechos de autor.

Una de esas recomendaciones es que se acoten con más claridad los supuestos en los que se bloqueará una página web o se ordenará la retirada de contenidos de la misma, supuestos que, según el Consejo de Estado, "han de ser de una gravedad manifiesta".

Según la actual redacción del proyecto de Ley, esas medidas podrán ser adoptadas contra "un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto" o contra "quien pretenda causar un daño patrimonial".

El Consejo de Estado recomienda asimismo que se concrete más cómo será el procedimiento de actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo dependiente del Ministerio de Cultura que recibirá y tramitará las denuncias por vulneración de derechos de autor.

Las medidas de protección de la propiedad intelectual y contra la piratería en Internet incluidas en la Ley de Economía Sostenible fueron aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros sin introducir modificaciones respecto al anteproyecto y se debatirán ahora en el Congreso de los Diputados.

Cambios técnicos en la ley

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declaró ayer que el Gobierno estudiará cambios de carácter técnico durante la tramitación parlamentaria de las medidas contra la piratería en Internet incluidas en la Ley de Economía Sostenible, en función del dictamen del Consejo de Estado.

"Cuando llegue al Congreso veremos si ha habido que incorporar alguna de esas precisiones técnicas o no", señaló la ministra tras la presentación en Alcorcón de la futura sede del Centro de Tecnología del Espectáculo.

Además, indicó que se tendrán en cuenta también "las aportaciones que hacen los distintos grupos parlamentarios" y reiteró la intención del Ejecutivo de trabajar "en la línea de armonización de todos los derechos y desarrollo de la cultura en la red".

Sobre la sentencia de un juzgado de Barcelona que declara legales las web que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual sino enlaces, y su posible incompatibilidad con el proyecto de ley del Gobierno, se limitó a decir que "los jueces se atienen a las leyes que existen en el momento en que examinan los asuntos".

En todo caso, manifestó la voluntad del Ejecutivo central de buscar "una manera armónica de convivir" en el nuevo contexto de acceso digital a la cultura, "que permita que todos los derechos sean compatibles, y que no perdamos nuestro patrimonio cultural".