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Wikileaks revela tensiones en la Audiencia Nacional

La embajada estadounidense se apoyó en el fiscal jefe Javier Zaragoza para archivar los casos Couso y Guantánamo.

Javier Couso, hermano del cámara de Telecinco José Couso, ayer.
Wikileaks revela tensiones en la Audiencia Nacional
J. L. PINO/EFE

La campaña de la diplomacia estadounidense para frenar causas judiciales que les afectaban generó importantes tensiones entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Nuevos informes de Wikileaks revelan que la apertura de un proceso para investigar la prisión de Guantánamo y la evolución del caso Couso redoblaron las presiones de la Embajada de EE. UU. sobre sus interlocutores, entre ellos altos cargos del Gobierno y responsables del Ministerio Público. En la legación estadounidense en España, encabezada entonces por Eduardo Aguirre, había solo una máxima: utilizar toda la influencia posible para que las causas se archivasen.

Era el 19 octubre de 2005 y el juez Santiago Pedraz acababa de ordenar la detención de tres militares estadounidenses por la muerte en Iraq del periodista José Couso. Habían pasado más de dos años desde que se presentara la querella en la Audiencia Nacional y la noticia cayó como una bomba en la embajada norteamericana. La reacción fue inmediata. "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional", escribió el embajador Aguirre en un informe confidencial el 21 de octubre.

El máximo responsable de la legación transmitió que el Gobierno "debe actuar con unidad mientras trata de influir en la judicatura española, ferozmente independiente", según 'El País'. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, con Javier Zaragoza al frente, pide el archivo de la causa porque no ha quedado acreditada la autoría de los militares. En marzo de 2006, la Sala de lo Penal confirma el sobreseimiento y enmarca el incidente en un "acto de guerra".

La alegría de Aguirre dura poco. El Tribunal Supremo ordena reabrir la causa en diciembre de 2006 y cuatro meses después el juez Pedraz hace lo mismo con el procesamiento de los militares. Entremedias, según las notas de Wikileaks, el fiscal general Cándido Conde-Pumpido despacha con el embajador y le comenta la posición inamovible del Ministerio Público. Asimismo, le augura que el caso "no llegará a ninguna parte".

Conversación de "alto nivel"

Mientras que el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, garantiza a la familia Couso que tramitará las detenciones, el embajador afirma en una nota secreta que intensificará los contactos de "alto nivel", que incluyen conversaciones con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. El 1 de junio de 2007, en un informe con motivo de la visita a España de la secretaria de Estado, Condoleeza Rice, Aguirre informa que el Ejecutivo "ha ayudado entre bastidores" para cerrar la causa pese al "apasionamiento" del juez instructor. También Conde-Pumpido le comenta al embajador que "está haciendo todo posible para que el caso se archive".

Al caso Couso se le suma un nuevo frente con la apertura de una investigación sobre la cárcel de Guantánamo, en primavera de 2009, a cargo de Baltasar Garzón. "Zaragoza (fiscal jefe de la Audiencia Nacional) tiene una estrategia para torcer el brazo de Garzón. Dice que la imparcialidad del juez está bajo sospecha, dadas sus críticas públicas a Guantánamo y a la guerra de EE. UU. contra el terrorismo", escribe el embajador en un informe secreto.

Zaragoza aconseja a Aguirre que Estados Unidos abra su propia investigación para que se cierre la de España, e insiste en que intentará que sea el juez Ismael Moreno y no Garzón quien lo investigue.

Estas nuevas filtraciones de Wikileaks siguen causando ampollas en el mundo de la judicatura. El fiscal general del Estado volvió a negar este miércoles que haya prestado labores de asesoramiento jurídico a EE. UU. Conde-Pumpido señaló que los jueces y fiscales actúan con "absoluta independencia, no se dejan influir por nadie y no admiten ningún tipo de presión ni injerencia". Una respuesta insuficiente para la Asociación Profesional de la Magistratura o la Unión Progresista de Fiscales, que exigieron al Ministerio Público explicaciones "más detalladas".

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