El catedrático de Derecho Administrativo Luis Ortega Álvarez es uno de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Fue nombrado el pasado 1 de diciembre por el Senado, a propuesta de las Cortes de Castilla-La Mancha, con el respaldo mayoritario de la Cámara alta, donde obtuvo 223 votos. El magistrado Ortega disertó el pasado lunes en la Facultad de Derecho de Zaragoza sobre su especialidad, 'El sistema competencial local a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional', con el catedrático de Derecho Administrativo José Bermejo Vera como moderador. Previamente, Luis Ortega atendió unos minutos a este periódico. Se mostró cauteloso y eludió pronunciarse sobre varios de los polémicos asuntos que se encontrará sobre la mesa del Tribunal Constitucional: desde los recursos del PP a la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo a la norma de la ampliación del aborto, pasando por el recurso contra el veto a los toros. También evitó manifestarse sobre un caso que afecta a Aragón y que duerme desde hace 12 años el sueño de los justos en el Constitucional: el conflicto competencial que presentó la Generalitat de Cataluña ante el TC por 97 obras de arte procedentes del monasterio de Sijena.

Acaba de ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Cómo afronta esta misión?

Con entusiasmo. Es una etapa muy bonita para cualquier jurista.

En la última encuesta del CIS, una amplia mayoría de los españoles se declaran a favor de modificar la Constitución. ¿Está de acuerdo en que es el momento de acometer cambios?

Lo tengo escrito desde el año 2005. Me he referido esencialmente al título octavo, relativo al modelo autonómico, que hoy es prácticamente historia ya del derecho constitucional porque las fases se acaban agotando, y la primera, la de la implantación del Estado de las autonomías que regulaba esencialmente el título octavo, ya se ha concluido. Ya sabemos qué modelos de Estado de autonomías tenemos de las hipótesis que se podían barajar en los años 70, y ahora sería el momento de modificar la Constitución para adaptarla al funcionamiento del Estado de autonomías real.

¿Hacia dónde deberían ir esos cambios en la organización del Estado?

Es la clase política la que tiene que pensar hacia dónde tiene que ir. Pero en principio debe reflexionar sobre cómo funciona el modelo y acometer instrumentos que faciliten su funcionamiento: temas de coordinación, cooperación, operatividad conjunta?

¿Una de las posibilidades sería el federalismo?

El federalismo tiene una carga política en España que no se puede obviar, y deberían ser las fuerzas políticas las que valorasen esa circunstancia. Desde la doctrina constitucional y el derecho público en general, España está funcionando como un modelo de federalismo cooperativo. Habría que ser coherente respecto al federalismo cooperativo, pero tendrá que ser la clase política la que tome las decisiones.

¿Cree que puede alcanzarse un acuerdo entre el PSOE y el PP para afrontar el cambio?

Quien tenga la bola mágica, que lo diga. Debería haberlo, creo que todos los españoles quieren que ese acuerdo se produzca.

¿Considera que planean dudas constitucionales sobre el estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la crisis de los controladores?

El tema de la constitucionalidad es muy serio para dictaminarlo sin tener una demanda previa ante el TC en la que se motiven las causas. No es fácil pronunciarse.

Ni siquiera hay precedentes de declaración del estado de alarma.

Pero eso no significa que no haya una legislación al respecto, ni que la Constitución no lo prevea. Otra cosa es que habría que verlo al hilo de los argumentos que se planteasen de llegar al TC, con calma y tranquilidad como han de hacerse las cosas en derecho.

Uno de los asuntos pendientes en el TC es el recurso presentado por el PP hace cinco años contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Ve indicios de inconstitucionalidad en esa ley?

No me voy a pronunciar ahora sobre ese y el resto de asuntos pendientes, ya se tratarán en su momento.

Pero tendrá su propia opinión sobre las filtraciones de Wikileaks, y en especial las que hacen referencia a las presuntas injerencias en el ámbito jurídico español.

Mi opinión es que nada de lo que dice Wikileaks es desconocido para la población medianamente informada de cómo funcionan el mundo y las instituciones. Incluso en la junta de la comunidad de propietarios es distinto lo que dice la gente en público de lo que comenta luego en los pasillos.