El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso establecer mecanismos de control interno sobre las policías locales para evitar casos de corrupción como el registrado en la localidad madrileña de Coslada. El ministro reconoció la dificultad de supervisar tantos cuerpos policiales (en España más 2.800 municipios cuentan con policía propia), algunos de muy poca envergadura (hay cuerpos de un solo agente).

Pérez Rubalcaba apostó por establecer controles internos similares a los de las fuerzas de Seguridad del Estado, que cuentan con brigadas de asuntos internos, que investigan las irregularidades dentro de los cuerpos. También los entes autonómicos (Mossos y Ertzaintza) cuentan con estas unidades.

El ministro, en declaraciones a Telecinco, recordó que las brigadas de asuntos internos en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil vienen funcionando "muy bien" y con "independencia", por lo que "corrigen" las actuaciones irregulares "rápidamente". No obstante, el titular de Interior destacó que el caso de Coslada es especialmente "complicado" porque la corrupción partió del máximo responsable del cuerpo, Ginés Jiménez.

A pesar del escándalo del municipio madrileño, destacó que en general las "manzanas podridas" son las menos en las fuerzas de seguridad y recordó que hay "un cesto enorme de manzanas sanas" en los cuerpos locales. Los casos de corrupción, advirtió, pueden repetirse por que ninguna "organización humana" está a salvo. "Lo importante es que se esté encima, como ha ocurrido en Coslada, aunque es sorprendente que hayamos tardado tanto", admitió.

El debate sobre el control de las fuerzas locales, recordaron expertos policiales, se mantiene abierto desde que se promulgó la Ley Orgánica/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estableció las funciones de los cuerpos municipales. Desde entonces, no se ha redactado ninguna legislación nacional que fije mecanismos internos de control. Diferentes responsables de Interior desde hace 22 años han trabajado con borradores en los que se proponían soluciones como que las comunidades autónomas supervisaran a los policías o que ciertas unidades de las fuerzas de seguridad del Estado fueran las que ejercieran el control.

Al margen de este debate, muchos municipios, como ocurría en Coslada, cuentan con un jefe de la policía municipal que tiene garantizado su puesto por oposición, por lo que los diferentes equipos de gobierno no tienen a personas de su confianza al frente de sus cuerpos de seguridad y no responden políticamente de las irregularidades en estas instituciones.