La defensa de la activista española Ariadna Jové Martí ha presentado un recurso contra la expulsión de Israel de su cliente, arrestada por soldados israelíes en Cisjordania hace una semana y posteriormente liberada bajo fianza.

La apelación, entregada en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, defiende que la Policía migratoria israelí no tiene legitimidad para operar fuera de su territorio y que el Ejército israelí no debería entrar en zona A (los núcleos urbanos palestinos, bajo control de la Autoridad Nacional Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo) por temas no vinculados a la seguridad, precisó a Efe el letrado, Omer Shatz.

"El primer argumento ya ha sido aceptado por la Justicia e incluso por el Estado. El segundo es el más delicado y político", reconoció Shatz.

Jové Martí, del pro palestino Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM, en sus siglas en inglés), fue arrestada junto con otra activista, la australiana Bridgette Chappel, en una redada a un domicilio en la ciudad cisjordana de Ramala efectuada por una decena de soldados israelíes.

Un día después ambas quedaron en libertad tras abonar una fianza de 3.000 shekels (590 euros ó 802 dólares) cada una y bajo condición de permanecer en Israel hasta que concluya el proceso, como decretó el Supremo al paralizar su deportación, solicitada por el Ministerio israelí del Interior.

La activista catalana de 26 años está acusada de no tener el visado israelí en regla; de no haber pedido permiso al Ejército israelí para entrar en Ramala y de "actividades ilegales" aún sin concretar, según su abogado.

La defensa reclama que se la permita regresar a Ramala para continuar con su actividad en defensa de los derechos de los palestinos, sin necesidad de que se la exija visado israelí porque no está en territorio israelí, sino palestino.

Jové Martí, que tiene permiso judicial para permanecer en Israel hasta que se dicte sentencia, se mostró hoy "pesimista" ante su situación y lamentó no poder volver a territorio palestino para continuar su labor militante.

"Mi trabajo aquí acabó con mi arresto. La verdad es que veo muy negro que me dejen volver a Ramala", reconoció en declaraciones a Efe.

Mientras en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv se decide su deportación, el Supremo se encarga en paralelo del proceso sobre su arresto.

Hoy la Fiscalía presentó una nueva respuesta a los jueces sobre las circunstancias de la detención, tras reconocer en la vista del pasado lunes que se había hecho de forma improcedente, ya que el Ejército entregó a las arrestadas a fuerzas del Ministerio israelí de Interior dentro de territorio palestino.