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Rajoy propone reformar la ley para zanjar la lucha de Aguirre y Gallardón por Caja Madrid

El PP quiere que la participación pública en las entidades de crédito no supere el 50%

La solución que encontró Mariano Rajoy para acabar con la lucha de poder que mantienen Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón en Caja Madrid es reformar la legislación que regula estas entidades de crédito para reducir su politización. Pero la iniciativa legal que prepara el Grupo Popular en el Congreso tiene el inconveniente de que ya fue aprobada en 2002 cuando gobernaba el PP con Rodrigo Rato como ministro de Economía.


La secretaria general del partido opositor, María Dolores de Cospedal, anunció ayer que, "en breves fechas", los populares presentarán una proposición de ley para limitar la participación de los organismos públicos en los órganos rectores de las cajas de ahorros "para que no supere el 50%". Sin embargo, es una previsión que ya contempla la legislación vigente a través de la norma de 22 de noviembre de 2002 sobre Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que, en su artículo ocho, modificó la regulación de los órganos rectores de las cajas.


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De Cospedal explicó la pretendida limitación de la presencia de representantes de los poderes públicos en las direcciones de las cajas de ahorros en aras de la despolitización que ha venido reclamando Rajoy cada vez que se le preguntaba por la bronca entre Aguirre y Gallardón en Madrid.


La secretaria general del PP dijo, y con razón, que su partido siempre ha mantenido esta posición que ahora defiende su presidente. Es más, aseguró que tanto el FMI como la OCDE recomiendan que el peso de los organismos públicos en los órganos rectores de estas entidades crediticias no supere el 50%.


De Cospedal mencionó los informes de ambos organismos, correspondientes a 2008, que -según dijo- defienden una "progresiva despolitización" de las cajas de ahorros y una mayor supervisión del Banco de España sobre estas entidades crediticias.


El retroceso de la presencia institucional en los ámbitos de poder de estas entidades no es la fórmula más compartida por los dirigentes populares, aunque todos digan que son partidarios de despolitizar estos organismos. En las comunidades donde gobierna el PP -menos en la de Murcia-, sus leyes prevén la presencia de sus representantes en los órganos rectores de las cajas, elegidos por sus respectivos parlamentos autonómicos.