El Gobierno y la oposición se han puesto de acuerdo al menos en una cosa: en dar un portazo al último movimiento de la izquierda aberzale para volver a la legalidad. Comparten que el acuerdo suscrito con Eusko Alkartasuna para trabajar por la independencia del País Vasco sin violencia es más de lo mismo, un ejercicio de retórica. Los socialistas exigieron pruebas, y no palabras, de la desvinculación de ETA, mientras que los populares amenazaron con pedir la ilegalización de EA si integra en sus listas para las elecciones municipales a miembros de la proscrita Batasuna.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero salió escaldado de la última tregua de ETA y ha puesto alto el listón para dar credibilidad a los discursos de la izquierda aberzale que apuestan por las vías políticas sin interferencias violentas. "No bastan las palabras, hacen falta hechos claros e inequívocos", afirmó ayer el ministro de Justicia. Las pruebas que reclama Francisco Caamaño son una declaración expresa de condena de la organización terrorista y sus métodos o que esta anuncie el final definitivo del terrorismo y la entrega de las armas. Todo lo que no sea eso, no tiene valor para el Gobierno.

El titular de Justicia comentó que, si esos condicionantes son satisfechos, habrá "una respuesta de los demócratas". Pero hasta que la izquierda aberzale no dé ese paso, que no espere ningún cambio de la postura gubernamental. El Gobierno, insistió Caamaño, quiere "verificar, más allá de toda duda". que los movimientos de la ilegalizada Batasuna son serios y no tacticismos para presentarse a las elecciones sin haber roto con la organización terrorista.

Fuentes gubernamentales recuerdan que también durante el proceso de conversaciones que siguió a la declaración de la tregua de ETA de marzo de 2006 la izquierda aberzale defendió y reivindicó su autonomía, pero al final se demostró que era falso. En concreto, recuerdan que en las llamadas conversaciones de Loyola hubo algunos acercamientos en la mesa del PSE, el PNV y Batasuna antes del verano, pero en septiembre todo saltó por los aires por la imposición de ETA a los negociadores de la izquierda aberzale, según reconocieron estos mismos a sus interlocutores socialistas y nacionalistas.

Movimiento táctico

En esta ocasión, aseguran expertos de la lucha antiterrorista, no hay el menor indicio de que la organización terrorista se plantee un abandono de las armas. Atribuyen la inactividad de los últimos meses a su debilidad y a los golpes de las fuerzas de seguridad, y en ningún caso a una decisión estratégica de no cometer atentados. De hecho, recuerdan, las últimas detenciones permitieron comprobar que ETA tenía operaciones terroristas en marcha y planes para recomponer comandos. El Ministerio del Interior cree que si hay una nueva declaración de alto el fuego solo será un movimiento táctico y no el definitivo final de la violencia.

Las palabras del titular de Justicia fueron corroboradas por el ministro de Educación, que si bien consideró "muy interesante y muy importante" todo lo que sucede en los últimos meses en el País Vasco, estimó sin embargo que todavía es "muy insuficiente" para dar carta de credibilidad a las declaraciones de intenciones. Ángel Gabilondo situó su escepticismo en un punto medio porque "no tienen razón" los que dicen que "no está ocurriendo nada" en el mundo de Batasuna, como tampoco la tienen los que afirman que la izquierda aberzale ya ha hecho "lo suficiente".

Al PP, el acto del palacio Euskalduna de Bilbao del domingo le dejó indiferente. "Es más de lo mismo y no hay nada nuevo", comentó el vicesecretario de Comunicación, Esteban González-Pons. La preocupación de los populares se centró en la posibilidad de que Eusko Alkartasuna abra sus listas electorales para las municipales a los restos de Batasuna. Si es así, avisó el dirigente opositor, el partido nacionalista "debe ser ilegalizado". Pons afirmó que cualquier candidatura, "por limpia que esté", si tiene "el aval o la complicidad" de Batasuna está "contaminada" pues lleva "la simiente de ETA".