PNV, EA, EB y Aralar trabajan ya para hacer realidad el anuncio del lendakari, Juan José Ibarretxe, y demandar al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por no permitir la consulta convocada por el Gobierno vasco para el próximo 25 de octubre. Además de preparar el recurso conjunto que presentaran ante el tribunal europeo, las fuerzas del tripartito también trabajan para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de adherirse a título individual a esta iniciativa mediante un manifiesto.

A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la Ley de Consulta antes del 15 de septiembre, fecha tope impuesta por Ibarretxe antes de presentar su demanda ante Estrasburgo, el tripartito y Aralar mantuvieron este viernes una reunión de trabajo en la sede del PNV en Bilbao para analizar la evolución del calendario que afecta a la celebración de la consulta.

Tras este encuentro, que volverá a repetirse la próxima semana, las cuatro formaciones emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron que "el no pronunciamiento" del Constitucional antes del día 15 "llevaría de facto a la imposibilidad de llevar a cabo la Ley aprobada por el Parlamento vasco". "Se cumpliría así la voluntad del Presidente del Gobierno español" y "la ciudadanía vasca no podría ser consultada para dar respuesta a las preguntas formuladas en la Ley de Consulta", apuntan.

Algo que PNV, EA, EB y Aralar no están dispuestas a aceptar por lo que anuncian que continuarán trabajando con la vista puesta en Estrasburgo. En la reunión decidieron que las cuatro formaciones interpondrán "en tiempo y forma" un único recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que demandarán a España "por la violación de los artículos 6, 9, 10, 11, 13 y 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que suponen la imposibilidad de que la ciudadanía vasca sea consultada".

Además, después de interponer la demanda se promovería una manifiesto de adhesión a la denuncia para que los ciudadanos vascos puedan sumarse a ella. Un abogado particular, contratado por estas formaciones, será el que lleva su representación legal. En todo caso, si no se llega a realizar la consulta el 25 de octubre, como se preveía en la Ley aprobada el 27 de junio en el Parlamento vasco, las cuatro fuerzas anunciaron que durante esa jornada se desarrollará "un acto ciudadano" para respaldar esta iniciativa.

La ministra vasca, contra la consulta

Precisamente la ministra de Ciencia e Innovación, Crista Garmendia, se pronunció, "como ministra vasca", sobre la consulta del lendakari. Garmendia lamentó el "empeño" de Ibarretxe en mantener "a toda costa" la consulta divide a la sociedad vasca, algo que "no es bueno" ni para el País Vasco ni para España. "Creo que seguramente este tipo de actuaciones llevarán a la reflexión de la sociedad y será él el que tenga que reflexionar en función de estas iniciativas que está llevando", apuntó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los que también salieron hoy a la palestra para criticar tanto a Ibarretxe como al Gobierno de Zapatero fueron los representantes de la izquierda abertzale que durante una rueda de prensa en San Sebastián acusó al tripartito vasco de ser un simple "siervo" del Ejecutivo socialista.

Santi Kiroga y Amparo Lasheras, acompañados por representes de ANV como Arantza Urkaregi y Mariné Pueyo, calificaron de "broma macabra" que el Gobierno vasco denuncie al Estado español ante por Estrasburgo por la "vulneración" de los derechos fundamentales, mientras decide prohibir la marcha en favor de los presos de ETA convocada por el movimiento pro-Amnistía para el próximo 14 de septiembre en la capital guipuzcoana.