La Fiscalía y las familias de las 62 víctimas del accidente del Yak-42 han defendido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se reabra la causa sobre la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos al creer que hay "suficientes indicios" de que se falsearon 30 de las identidades.

El fiscal de la causa, Fernando Burgos, ha sido el primero en intervenir en la vista sobre los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y los representantes de las familias contra el archivo de la investigación que dictó el juez Fernando Grande-Marlaska el pasado 11 de enero, al considerar que no se alteró la verdad en los "elementos esenciales".

Durante su intervención, Burgos ha acusado al general de Sanidad Vicente Navarro de elaborar la lista con los militares muertos en el accidente ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003 y "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar.

Cuando dos días después del accidente, ha señalado Burgos, el último avión con los cadáveres llega a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) aquella lista estaba completa, con la totalidad de los 62 militares identificados.

Burgos ha acusado también del mismo delito de falsedad documental continuada al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Saez porque fueron los que hicieron un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria.

Las familias acusan a otro militar del mismo delito, el general José Antonio Beltrán, porque fue el coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres y su repatriación enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, según ha alegado uno de los abogados de los familiares.

Ya fue reabierta

Otro de los letrados ha recordado ante el tribunal encargado de estudiar el recurso, que preside Alfonso Guevara, que la Sala de lo Penal ya ordenó el 15 de julio de 2004 reabrir la investigación sobre el accidente del Yak-42, que previamente había archivado la entonces responsable del Juzgado Central de Instrucción número tres, Teresa Palacios, y cuyo titular es ahora Grande-Marlaska.

Por este motivo ha acusado a Grande-Marlaska de "desoír" lo que se le había ordenado y ha dicho que "desdeñar" la identidad de los fallecidos tiene trascendencia "jurídica, personal, moral y social".

Ha destacado que el Ministerio de Defensa envió cartas a las familias y emitió comunicados del Gobierno confirmando que el trabajo de identificación había sido "perfecto", además de poner de relieve que el "calvario" que estos hechos supuso para las familias no terminó con la muerte de los militares sino que se ha prolongado en el tiempo.

Por parte de los imputados, sus abogados han rechazado su participación en las tareas de identificación y han coincidido en que los certificados médicos de defunción firmados por el general Navarro en Torrejón de Ardoz son documentos válidos que "producen efectos jurídicos".

El abogado del general Navarro, al que las partes atribuyen la elaboración de la lista completa con los 62 nombres de los militares identificados, ha señalado que él firmó todos los certificados de defunción y que "no faltan a la verdad".

De los otros dos miembros del equipo forense, su defensa ha argumentado que "es difícil montar un delito de falsedad con cadáveres" porque esto "no se contempla en el derecho penal".

Por todo ello han rechazado que se reabra la investigación y que se vaya a juicio, como sí han pedido la Fiscalía y las familias de los militares.

"Imprudencia y daños morales"

En su auto de archivo, Grande-Marlaska indicaba que a la vista de los hechos debía concluirse que no existe "relevancia jurídico penal" en este caso a pesar de que de la mala identificación de los cadáveres se derivaron "daños morales". "Lo que sí podemos reseñar es la existencia de una concreta imprudencia" en las labores de identificación de los 30 cadáveres en los que se cometieron errores, señalaba.

El magistrado consideraba "incuestionable" que las autoridades turcas -que se encargaron de identificar 32 de los cuerpos- hicieron constar al equipo español encargado de las pruebas que no habían identificado a 30 de ellos. Asimismo, especificaba que el general Navarro utilizó en sus análisis variables como el lugar que los soldados ocupaban en el avión o el tipo de indumentaria que llevaban, datos que fueron "insuficientes y ajenos a una mínima seriedad".

Reconocía además que la "imprudencia" del equipo militar español responsable de las pruebas provocó daños morales concretos como la necesidad de que se exhumaran los cadáveres y la realización extemporánea de pruebas de ADN pero advierte que todo esto no puede "alterar" la calificación jurídica de los hechos ni revestir de relevancia penal a una conducta que "aún siendo grave" nunca constituyó un delito de falsedad.

Grande-Marlaska apuntaba en este mismo auto la existencia de "procedimientos judiciales distintos" por los que puede perseguirse la conducta del equipo que realizó las identificaciones. "Los daños morales que hayan podido derivarse" deben "articularse" a través de otro tipo de procedimientos, destacaba.