La ofensiva catalana contra el Tribunal Constitucional tuvo ayer un nuevo frente en el 'Parlament', en esta ocasión en forma del viejo recurso de agitar el fantasma de la autodeterminación. La mesa de la Cámara catalana admitió a trámite la iniciativa popular, presentada por la Coordinadora Nacional para la Consulta sobre la Independencia, para convocar un referéndum soberanista en Cataluña.

CiU -que matizó posteriormente su apoyo-, ERC e ICV-EUiA votaron a favor y facilitaron el inicio de la tramitación, por lo que los promotores pueden empezar a recoger firmas que la avale. La iniciativa ha sido auspiciada en concreto por el diputado de ERC Uriel Bertran y por el jurista y militante de CDC Alfons López Tena. Esta es la pregunta que se propone en la consulta: "Con tal de que el 'Parlament' lleve a cabo las iniciativas necesarias para hacer efectiva la voluntad popular, ¿está de acuerdo en que la nación catalana se convierta en un estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?"

El presidente de Esquerra, Joan Puigcercós, fue claro cuando explicó las intenciones que persiguen con la propuesta: "Hace dos años que los medios de comunicación nos preguntan a los políticos cuál será la respuesta que daremos a la sentencia del Constitucional. Bien, aquí tenemos la mejor: dar la palabra al pueblo sobre el futuro de Cataluña".

El procedimiento

A partir de ahora se abre un periodo de seis meses, en el que los impulsores de la iniciativa, aprobada por CiU, ERC e ICV, deberán recoger 300.000 firmas (el 3% de la población) para que el Parlamento catalán debata si decide convocar un referéndum. La cita solo podría celebrarse, según la Ley de Consultas Populares de Cataluña, con el visto bueno de Madrid.

A las pocas horas del anuncio, el PSC y el PP de Cataluña hicieron pública su intención de solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la iniciativa, al interpretar que no se ajusta a la legalidad vigente. La principal consecuencia de esto es que, de pronunciarse el mencionado consejo en contra, entonces se requeriría una mayoría de dos tercios en el 'Parlament' catalán para que la propuesta sea estimada y remitida a Madrid.

Los socialistas ponen pegas a la pregunta que se propone. Para el PSC, la cuestión contiene puntos "susceptibles de equívocos", como el uso de "nación catalana", porque no delimita cuáles serían las fronteras de un hipotético estado independiente. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, opinó que la admisión a trámite de la iniciativa es un "error en el fondo, la forma y el momento" y consideró "inconcebible" que el 'Parlament' promueva una propuesta así cuando el Tribunal Constitucional "aún no se ha pronunciado" sobre el 'Estatut'.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP catalán, Dolors Montserrat, también anunció que su partido pedirá dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, al considerar que esta propuesta "no se ajusta a la ley, es anticonstitucional".

Un "proceso irreversible"

Desde ERC, Puigcercós expresó su satisfacción y subrayó que "empieza un proceso irreversible hacia la celebración de un referéndum oficial". La formación, dijo Puigcercós, se volcará estos meses en el proceso de recogida del mínimo del 3% de firmas. Aseguró que este objetivo tendrá prioridad por encima incluso de la campaña electoral de las autonómicas.

Mientras, la reacción de CiU generó numerosas críticas desde el PSOE y el PP, que llegaron a acusar a esta formación de enterrar la CiU "moderada" de Jordi Pujol y dar a luz a una nueva formación política de cariz "independentista". Esto obligó a su portavoz parlamentario, Oriol Pujol, a matizar el apoyo a la medida horas después de facilitar su aprobación.

Así, Pujol argumentó que el visto bueno de CiU a que se tramite la propuesta se debe a que el informe previo de los letrados de la Cámara catalana no encontraba motivos para vetarlo. Pero, para dejar en el aire su visto bueno, Pujol denunció que "se puede estar gestando un engaño monumental" en torno a este tema y acusó a ERC de estar creando "falsas expectativas" por las dificultades para que la consulta siga adelante.

Finalmente, la portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, defendió la validez jurídica de la convocatoria, pero alertó sobre sus limitaciones porque no pueden "hacerle decir lo que no es". "No estamos de acuerdo con las interpretaciones que hacen unos y otros" de la iniciativa, añadió.