La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) convocará para octubre una concentración frente a la sede del parlamento vasco en Vitoria para protestar contra el acoso que sufren los agentes del Instituto Armado por parte de los ayuntamientos gobernados por Bildu. Así lo anunció ayer un portavoz de AUGC, que criticó el "abandono institucional" que padecen los guardias civiles por parte del Gobierno central y vasco.

"Bildu está atacando a la institución, a los guardias civiles y a las familias que viven en los cuarteles del País Vasco", señaló.

AUGC pone como ejemplo el caso de la localidad de Oñati (Guipúzcoa), en donde miembros de la coalición abertzale han realizado un vídeo en el que se mofan de la Guardia Civil y piden su marcha del País Vasco. "Hay una situación de indefensión y Bildu está envalentonada», indicó el portavoz, quien lamentó también el silencio del ministro del Interior, Antonio Camacho, y del resto del Ejecutivo, "que está haciendo las maletas".

La asociación mayoritaria en el Instituto Armado denunció además "la represión" que están sufriendo en los últimos meses sus dirigentes, sancionados con pérdidas de destino y de empleo y sueldo por varios años por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

"El Gobierno socialista ha prohibido el derecho de reunión y de expresión para los guardias civiles", enfatizó el portavoz de AUGC, que dijo que la sanción de pérdida de destino es «un destierro forzoso».

Mientras tanto, la izquierda abertzale quiere ganarse a los presos de ETA, en el momento en el que los cerca de 550 internos terroristas debaten su adhesión a los principios del Pacto de Gernika, el acuerdo firmado hace un año por una treintena de colectivos independentistas en el que se aboga por un alto al fuego definitivo y verificable de la banda armada.

Una veintena de representantes de los firmantes de aquel acuerdo, sabedores de que la banda ha perdido buena parte de su influencia entre sus presos, viajaron ayer a Madrid para pedir a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que les permita entrar a los centros para explicarles cara a cara a los reclusos sus propuestas para llegar al fin definitivo de ETA.

Pero la izquierda abertzale quiere contrapartidas por parte del Estado. Sus representantes fueron a Madrid también para exigir a Gallizo, al Gobierno, gestos hacia esos presos, como el fin de la dispersión del colectivo, acabar con la "cadena perpetua" de la doctrina Parot, la excarcelación de los reclusos enfermos, la libertad condicional de los internos que han cumplido buena parte de su condena y, en general, la aplicación a la colonia etarra de los beneficios penitenciarios. Unos beneficios de los que gozan la mayoría de los internos 'comunes', pero de los que solo disfrutan medio centenar de presos terroristas, aquellos que han firmado la declaración en la que renuncian a ETA y a la violencia, piden perdón a sus víctimas y se comprometen a afrontar las indemnizaciones y a colaborar con la Justicia.

Y esas van a seguir siendo las condiciones sine quanon para los beneficios, según explicaron ayer tarde altos responsables del Gobierno, hasta que ETA desaparezca.