Madrid. Los controladores aéreos, el colectivo más odiado hoy en España, han quemado todas sus naves en una guerra que tenían perdida de antemano, y en la que en su última batalla ha ocasionado centenares de víctimas colaterales que nunca debieron pagar un precio tan alto. Son apenas 2.000 personas que siempre han tenido a los Gobiernos de uno y otro color político atados de pies y manos y que, ahora, y con su actividad regulada por ley, se reconocen desorientados y vencidos 'manu militari'.

El origen del conflicto se encuentra en la 'guerra latente' que Aena y los controladores mantienen abierta desde hace tiempo por la regulación de las condiciones de trabajo de los vigilantes del cielo. Fomento, empeñado en reducir el coste de las actividades de control, el más elevado de la Unión Europea, rompió la baraja la pasada primavera al organizar por real decreto la forma de trabajo de los controladores. Una norma emanada del Consejo de Ministros que fue convalidada más tarde por el Congreso.

Desde entonces, los controladores, atados en lo estrictamente legal, no han dejado de intentar presionar al gestor aeroportuario en una bronca negociación de su segundo convenio colectivo. La tensión, que en agosto a punto estuvo de llevar a una huelga legal, la primera de la historia en el sector, ha alcanzado niveles insospechados.

El número de horas, detonante

El detonante fue, precisamente, el cumplimiento de esa ley (9/2010). O, más concretamente, su interpretación. La norma establece un máximo de 1.670 horas anuales de trabajo para los controladores. Y ¿qué han hecho los afiliados al USCA? Contar ese límite desde el 1 de enero de este año, tomando en cuenta todo tipo de labores. Bajo ese particular criterio, muchos controladores estarían ya al límite legal, con lo que deberían dejar sus puestos hasta 2011.

Con ese argumento, los vigilantes de cielo empezaron a dar problemas (se asuntaban de sus puestos argumentando haber satisfecho su cupo) la semana pasada en el centro de control de Santiago de Compostela, obligando incluso a cerrar las instalaciones. Galicia, la tierra de José Blanco, era el blanco elegido por USCA.

Pero el ministro, al que en anteriores ocasiones no le ha temblado el pulso a la hora de frenar a los controladores, salió el pasado viernes con una 'ampliación' de la ley. Una adenda a la norma que aclara al detalle qué actividades cuentan y cuáles no para sumar horas de trabajo, desmontando así la estrategia del USCA, que ha visto una vez más cómo el Gobierno le pasa por encima. Según esta última disposición, no se pueden incluir a la controvertida suma ninguna de las actividades laborales "de carácter no aeronáutico".

Esto es, los permisos de los miembros del USCA, las 'imaginarias' (periodos de guardia no presencial), las licencias, las ausencias por incapacidad temporal y las reducciones de jornada, entre otras cosas. Sí serán computables las horas efectivamente en frecuencia, los descansos nocturnos y diurnos, el tiempo de guardias y los cursillos, siempre que estén relacionados con el puro control aéreo.

Poco que ganar

El futuro en nada se parece a cualquier pasado reciente. Los controladores tienen poco que ganar y se les va a vigilar muy de cerca. Aena se enfrenta a un nuevo modelo, marcado por la privatización de los aeropuertos más 'jugosos' y de las torres de control y, con la ley en la mano, los vigilantes del aire ya poco pueden pedir. No pueden siquiera insinuar movilizaciones, y saben que no se les va a permitir la más pequeña reacción. Solo les queda recuperar la calma, analizar si el sindicato USCA, tal y como está conformado, les puede representar, y reconocer que, tras años de posición de fuerza, han perdido la poca credibilidad y los resortes que les quedaban.