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SAHARA OCCIDENTAL

Los abogados españoles instan al Gobierno a defender los derechos humanos en el Sáhara

El Consejo General de la Abogacía Española presiona al Ejecutivo de Zapatero para que abandone la posición de observador que ha adoptado hasta el momento.

Los abogados españoles son más beligerantes con la crisis del Sahara y la violación contra la población saharaui que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) instó ayer al Gobierno español a que redoble su intervención en los graves sucesos ocurridos en el Sahara occidental, que han costado la vida a civiles, y exija al Gobierno marroquí que respete escrupulosamente los derechos humanos, cumpla las resoluciones de la ONU y permita el trabajo libre e independiente de abogados y periodistas.

Los abogados españoles hacen un llamamiento a la ONU para que reclame a Marruecos el respeto de la legalidad internacional, el cumplimiento del Plan de Paz, mediante la celebración del referéndum de autodeterminación, que fueron acordados por las partes (Frente Polisario y Marruecos) bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Asimismo, el CGAE reclama la constitución de una comisión internacional independiente que investigue la violación de derechos humanos en el territorio no autónomo del Sahara occidental. Reclaman que se dote a la Misión de Naciones Unidas (MINURSO) las competencias de observación y vigilancia del respeto a los derechos humanos de la población saharaui.

El CGAE denuncia que los abogados españoles (entre los que se encontraba el zaragozano Luis Mangrané) que intervinieron como observadores en los juicios contra activistas saharauis fueron amenazados y sufrieron impedimentos, así como la agresión a los periodistas españoles presentes en el Tribunal de Casablanca. En ese suceso, condenan la inactividad y falta de atención de los servicios diplomáticos españoles y exigen que España presente una protesta oficial ante el Gobierno marroquí.

Los abogados españoles critican el bloqueo informativo que Marruecos ha impuesto en el Sahara occidental que impide precisar el número de muertos y heridos en los graves incidentes en el asalto por la fuerza al campamento saharaui de Agdaym Izit y en la ciudad de El Aaiún. Denuncian la detención y expulsión de varios periodistas españoles y la retirada de la credencial profesional al periodista Luis de Vega, del diario ‘Abc’.

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