No debe existir impunidad "antes, durante o tras el fin de ETA". Las víctimas del terrorismo presentaron ayer el primer documento conjunto tras el alto el fuego de ETA en el que marcan "los principios rectores" que, a su entender, deben respetarse para conseguir el final de la banda con "ley y justicia". Las asociaciones de damnificados en ese comunicado exigen a la organización terrorista y a Batasuna "la condena de la historia del terror de ETA". Una "condición democrática básica", entienden, para que la coalición pueda participar en las elecciones y como paso previo a que los presos etarras puedan acogerse a cualquier reinserción, que no beneficio penitenciario. "Tal condena debe ser exigida como uno de los mínimos sin cuyo cumplimiento no es posible ni reinserción particular alguna ni participación en el juego democrático", apunta el documento titulado 'No a la impunidad'.

Esta hoja de ruta -que ha sido consensuada por todos los colectivos a excepción de Voces contra el Terrorismo, la asociación que preside José Francisco Alcaraz- reclama que el final de la organización terrorista se consiga sin "impunidad judicial o histórica" con sus miembros. Por ello, la declaración pone el énfasis en la política penitenciaria y reclama que en ningún caso el Gobierno haga una aplicación "laxa de la progresión de grados" porque ello "supondría una forma de impunidad".

No a las soluciones colectivas

"La política penitenciaria no debe convertirse en una medida de gracia", explica el texto, que rechaza las "soluciones colectivas para el colectivo de presos etarras". La reinserción de los etarras encarcelados debe ser personalizada y desde una doble vertiente, privada y pública. En la privada, la reinserción debe pasar por una triple condición: reconocimiento del daño causado, la asunción de responsabilidades pecuniarias por indemnizaciones y colaboración con los tribunales para esclarecer otros crímenes. La parte pública contempla la condena de la violencia y de los fines totalitarios que persiguen los terroristas. Para las víctimas, "la reinserción significa volverse a integrar en aquello que el delito ha roto".

Siempre en el plano penitenciario, los colectivos consideraron imprescindible que el Ejecutivo abra un "cauce de información" para mantener a las víctimas informadas sobre la situación de los etarras presos.

Batasuna y su hipotética vuelta a las instituciones aparece en el documento conjunto como otra de las grandes preocupaciones. La receta de las víctimas es "tolerancia cero" con esas "identidades asesinas". Los damnificados denuncian que el "mundo de Batasuna pide una pista de aterrizaje" cuando ni siquiera ETA ha abandonado todavía las armas y advierten de que la coalición ilegalizada va a tratar de estar presente en las próximas elecciones municipales porque ese mundo se "asfixia fuera de las instituciones". Batasuna, alertan las víctimas, va a hacer de todo para llegar a las urnas: "marcas blancas", "adornos semánticos", "maniobras ambiguas", "tongos" o "engaños".

Las mismas trampas, afirma el documento, se deben esperar de ETA y la negociación sobre su final. Las reglas del juego deben ser "claras y comprensibles" para no caer en el juego semántico de la banda, "plagado de palabras torticeras, tacticismos malintencionados y dobles sentidos para engañar". Así que insisten en que para probar que ETA y Batasuna tienen intención de poner fin al terrorismo es imprescindible que condenen su propia historia, poniendo de manifiesto que este proceso no es una de sus "habituales jugadas puramente tácticas".

Dosis de impunidad

La declaración presentada por la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, también contempla la posibilidad de que el fin de ETA se consiga dando esa impunidad a los terroristas. Y son tajantes ante ese escenario: "En un modelo que tolerara dosis de impunidad, el pretendido apoyo a las víctimas del terrorismo se convertiría en un grotesco sarcasmo por mucho que se utilizasen con éxito fórmulas retóricas, propagandísticas y de control mediático que lo enmascarase".

Este documento será entregado en breve al Gobierno, grupos políticos y otras instancias relevantes. Pagazaurtundua reconoció que las víctimas carecen de "competencia para diseñar o ejecutar las políticas de los gobiernos", pero como cualquier ciudadano "tenemos todo el derecho a exigir". "Las víctimas no podemos acabar siendo doblemente perdedoras, primero con el terrorismo y después con el fin del terrorismo", advirtió. La presidenta también lamentó la suerte de "chantaje moral" que supone que les pidan a las víctimas "generosidad" para que olviden su petición de justicia en pos del fin de ETA.