La Audiencia Nacional intenta buscar soluciones imaginativas y legales a la crisis del 'Alakrana', pero ninguna de las ocho alternativas que estudian la Fiscalía, la Presidencia del tribunal o el propio juez instructor supondría la inmediata vuelta a África de los dos piratas somalíes. Cualquiera de estas vías, incluyendo un improbable juicio exprés, demoraría el conflicto más de tres meses si no se quiere retorcer la legalidad. Y la mayoría están supeditadas a que el juez Santiago Pedraz concluya una instrucción que todavía está en su fase preliminar y de la decisión que adopte la Sala de lo Penal.

Expulsión. Es la propuesta que defiende el nuevo abogado de Abdu Willy. Pasa porque la Fiscalía rebaje la acusación contra los piratas de autores materiales de 36 delitos de detención ilegal, un delito de asociación ilícita y uno de robo con violencia y uso de armas, a simples cómplices de un solo secuestro. Así serían acusados de una pena menor de seis años y, según sostiene el letrado, expulsables en aplicación del artículo 57 de la Ley de Extranjería. El primer problema es que el secuestro es un "delito personal" en España y no cabría reducir 36 detenciones ilegales a una sola, con lo cual la pena sería siempre mayor de seis años. Y habría que tomar declaración a los militares que capturaron a los corsarios e interrogar a las propias víctimas.

Extradición. Es una de las opciones más realistas, aunque la entrega, por el momento, es inviable porque no hay convenio con Somalia. Exteriores negocia un acuerdo, pero tardará semanas. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha abierto la puerta a una posible extradición sin que se llegue a juzgar en España a los criminales que atenten contra españoles o intereses nacionales en el extranjero, pero el país receptor debe dar garantías de que serán sometidos a un proceso real.

Acuerdo de conformidad. También lo propone el abogado y se basa en un pacto entre la defensa y la Fiscalía para que sean acusados de un delito con menos de dos años de cárcel, con lo que no conllevaría la entrada en prisión por carecer de antecedentes. Pero es improbable reducir la acusación de 36 secuestros a uno, y este pacto debería concluirse antes la instrucción.

Juicio exprés. Tiene que terminar la instrucción, una decisión que debe tomar Pedraz. Aunque la Fiscalía pida la apertura de juicio, serán los magistrados de la Audiencia los que fallen. El instructor no se plantea concluir el sumario. Luego están los plazos.

Cesión de jurisdicción. Sería en la práctica la entrega inmediata a Somalia para ser juzgados allí en virtud de un tratado ad hoc. Aunque sería una opción rápida, no hay un acuerdo con Somalia que lo contemple. Y debería ser aprobado por el Parlamento.

Pena en Somalia. Obliga a terminar la instrucción y a celebrar el juicio. La ministra Chacón admitió ayer que se estudia la posibilidad.

Libertad provisional. No supondría el regreso inmediato a Somalia de los piratas aunque sí saldrían de prisión. Esta opción pasaría por la remota posibilidad de que la Fiscalía rebajara sus acusaciones, reclamara la excarcelación preventiva y que Pedraz, en primera instancia, y la Sala de lo Penal, en segunda, accedieran a la demanda del Ministerio Público.

Indulto. La medida de gracia es potestad del Rey a propuesta del Gobierno, que tiene capacidad de indultar a cualquier reo en España, aunque es condición sine qua non que haya sido condenado.