La trama 'Pretoria' pagó comisiones millonarias para infiltrarse en la Generalitat

La trama 'Pretoria' llegó a tocar a la Generalitat y a base de millonarias comisiones consiguió que la dirección del Instituto Catalán del Suelo, la institución que precisamente debía controlar los posibles 'pelotazos' y desmanes, se convirtiera en un fiel aliado. Las últimas investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto que la red que dirigía el ex parlamentario socialista Luis García Sáez, 'Luigi', llegó a tener en nómina, como si se tratara de un empleado más del holding, al ahora imputado Emili Mas Margerit, gerente de Incasol y uno de los máximos responsables de urbanismo del Gobierno del socialista José Montilla.

En los millares de páginas que ya suman las diligencias previas que instruye Baltasar Garzón hay, según fuentes judiciales, pruebas que apuntan a que 'Luigi', el presunto 'capo' de esta trama, había 'comprado' a Emili Mas, hasta el punto de que el alto cargo se había convertido en un suerte de soplón que anticipaba a la red corrupta cualquier movimiento del Gobierno catalán para la fiscalización de proyectos urbanísticos. Los 'pinchazos' de la Guardia Civil, de los que se hace eco Garzón, apuntan a que Mas tenía "una fluida relación" con 'Luigi' y que buena parte de sus conversaciones giraban en torno a "cuestiones inmobiliarias" en Santa Coloma de Gramanet, el municipio epicentro de la actuación de 'Pretoria'. Sólo en esa población, según las primeras estimaciones de Anticorrupción, 'Luigi' y los suyos, con la supuesta connivencia del alto cargo de la Generalitat, saquearon no menos de 13 millones de euros de las arcas municipales en la denominada 'operación Pallaresa', la edificación de un centro comercial entre 2001 y 2005.

Mas, a pesar de la alta responsabilidad que ostentaba en el Gobierno de Montilla, no dudó en aceptar 'trabajos por encargo' de 'Luigi' y de su mano derecha, el ex alcalde de Santa Coloma y también encarcelado, Bartomeu Muñoz. El gerente, sin renunciar a su cargo en la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, aceptó firmar como "economista" y "asesor externo" del consistorio de Santa Coloma un informe para que 'Gramepark', la empresa de urbanismo del consistorio colomense, gestionara otro 'pelotazo', el proyecto conocido como 'Ciba III', construcción de varios bloques de viviendas en un antiguo recinto industrial, entre ellos una torre de 20 pisos.

Gramepark, a pesar de que todos los demás estudios desaconsejaban que se hiciera con la obra, fue finalmente la adjudicataria, si bien el Ayuntamiento de Santa Coloma, tras el encarcelamiento de Muñoz, ha paralizado este proyecto urbanístico.

Muñidor

Pero el gerente de Incasol fue todavía más allá. Según las investigaciones, los oficios de Mas Margerit, como vicepresidente de la entidad Marina Badalona, una de las empresas claves del entramado corrupto, fue el gran artífice para conseguir que 'Luigi' y los ex altos cargos de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta se incorporaran a dos operaciones urbanísticas multimillonarias en Cedanyola del Vallés y el Prat de Llobregat, dos municipios que hasta ahora aparecían al margen de los tentáculos de 'Pretoria'.

Garzón sostienen que el gerente de Incasol tuvo un "papel relevante" en ese juego de "relaciones e influencias" y que sus favores tuvieron recompensa en forma de "comisiones". Mas, apuntan los atestados policiales, puso en bandeja de plata el doble 'pelotazo' a la empresa vendedora de las dos fincas, Espais, el grupo inmobiliario que presidía el también imputado Lluís Casamitjana, quien, curiosamente, fue promotor de otro de los negocios bajo sospecha, las obras del frente marítimo de Badalona, que gestiona Marina Badalona.

Esta sociedad aparece una y otra vez en las investigaciones de la Guardia Civil. De hecho, Garzón ha imputado esta semana a Juan Felipe Ruiz i Sabido, el consejero delegado de esta empresa, por sus supuestos enjuagues con 'Luigi'.

'Conexión Niesma'

Además de las supuestas irregularidades de Mas y de la implicación cada vez más profunda de la sociedad del puerto de Badalona, las pesquisas de Garzón se centran ahora en un apéndice que los investigadores denominan 'Conexión Niesma' y con la que están relacionados buena parte de los nuevos imputados en 'Pretoria'. En los documentos que obran en la causa figura en un lugar preferente Niesma Corporació como sociedad del grupo de 'Luigi'.

Niesma -en la que García tenía como socio al abogado Francisco Alejando Petrus, cuyo apellido da nombre a la operación- sirvió al 'capo' para dar un 'pelotazo' de cinco millones de euros en 2005 en Sant Andreu de Llavaneres con la compra y venta de unos terrenos urbanizables de más de 7.500 metros cuadrados. La investigación de la Guardia Civil ha constatado que entre 2003 y 2007 esa 'Conexión Niesma' consiguió la modificación del Plan de Urbanismo de Llavaneres para embolsarse 17,6 millones.

Según los atestados, 'Luigi' consiguió doblegar la voluntad del entonces alcalde y recién imputado, Víctor Ros Casas, del PP, quien gobernó los cuatro años bajo sospecha. "Durante su mandato -dice Garzón- tomó decisiones que favorecieron a algunos de los procesados en perjuicio del propio ayuntamiento". Ros tuvo como fiel aliado al que fuera concejal de urbanismo de Llavaneres, Antonio Jiménez, al que el juez de la Audiencia Nacional también acusa de haber sido corrompido.

La cantidad de dinero que movió 'Niesma', según fuentes de la investigación, se convirtió en una "máquina de comprar voluntades de políticos". Otro de los nuevos imputados, Genís Cargo, el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona, también se puso al servicio de 'Luigi' y los suyos. Su precio fue 244.000 euros.

Dinero que pagó Niesma por favorecer a la trama a la hora de modificar planes urbanísticos relacionados con el metro.

Esa marea de dinero ha provocado más de un dolor de cabeza al juez instructor y a los investigadores. Según las últimas pesquisas de los analistas de la Guardia Civil, millones de euros de la red 'Pretoria' están dispersos por el extranjero, en al menos seis países: Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en Madeira y las islas Caimán. En ese entramado de blanqueo, lavados y personas interpuestas tienen un papel relevante como 'pantallas' las tres mujeres imputadas en la causa en los últimos días, Doris Malfeito, María Lluisa Mas, esposas de los altos cargos de Jordi Pujol, y la anciana madre del alcalde de Santa Coloma, Josefina Calvet, enferma de Alzheimer. Las tres habrían sido utilizadas como testaferros en empresas de la trama para sacar grandes cantidades de dinero fuera de España.