El viernes 4 de marzo de 2005, una frase cubrió de nubes la vida política catalana: "Ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento". Esas diez palabras, en boca de quien entonces ostentaba el honorable cargo de presidente de la Generalitat, resonaron en la sala de plenos del 'Parlament' como un trueno en mitad del desierto. La críptica acusación de Pasqual Maragall iba dirigida al ya por entonces líder de la oposición, Artur Mas, en su calidad de heredero de la saga política que había gobernado el rincón nororiental peninsular desde la llegada de la democracia. La recriminación venía a sugerir que, durante sus 23 años de gobierno, Convergència i Unió había instaurado un supuesto cobro de comisiones a la hora de adjudicar obras públicas.

Maragall se retractó de aquella imputación velada y la tormenta de polvo se alejó del palmeral. La clase política catalana, que siempre ha tenido a gala constituir un cierto oasis en mitad del agresivo paisaje parlamentario español, prefirió considerar la andanada como otra 'maragallada', fruto del fragor de un intenso debate sobre el derrumbe de las obras del metro en el barrio del Carmelo.

"En realidad, la metáfora del oasis se acuñó al final de la II República para aludir a una Cataluña menos crispada que el resto de España", aclara Xavier Casals, autor de un libro de elocuente título: 'El oasis catalán (1975-2010) ¿Espejismo o realidad?'. Pero algunos sectores observan en ese remanso de paz una complicidad corporativista entre los distintos partidos, dispuestos a taparse las vergüenzas mutuamente antes de que la suciedad freática llegue a la altura de los titulares periodísticos.

"Aquí suceden tantos casos de corrupción o más que en el resto del estado", mantiene el articulista Juan Carlos Girauta, "lo que ocurre es que en Cataluña existe un proyecto de construcción nacionalista, común a casi todas las formaciones, que justifica cualquier cosa". Girauta alude incluso a la omertá, la ley del silencio que rodea a la Mafia siciliana, que si existía ha terminado por esfumarse durante esta última legislatura.

Dos aguaceros han azotado la política catalana en estos meses. El primero estalló en julio del año pasado, en el epicentro de la cultura catalana y estandarte de su sociedad civil, el Palau de la Música. Su modernista edificio no escondía sino la cuidada partitura de un expolio con sordina, interpretado a dúo por sus responsables, Félix Millet y Jordi Montull. Algunos no se sorprendieron: en 2002 Hacienda recibió una denuncia anónima que alertaba de irregularidades en su gestión.

Miembro de la burguesía barcelonesa, Millet aprovechó su apariencia de prohombre merecedor de la Cruz de Sant Jordi bajo el mandato de Pujol para desfalcar 3,5 millones de euros, según declaró él mismo tras ser detenido. En realidad, el informe de la Agencia Tributaria sitúa la cifra en unos 35 millones, que habrían servido para costear la boda de su hija o adquirir una lavadora para una tía de Montull.

Pero lejos de limitarse al menudeo doméstico, la Agencia Tributaria ha concluido que Millet actuó como comisionista entre empresas adjudicatarias de obra pública y Convergència. Ahí es donde el caso adquiere ribetes de financiación ilegal de CiU, y se suma a un entramado de donaciones con la fundación convergente Trias Fargas como tapadera. Para complicar el asunto, la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, del PSC, ha sido imputada por facilitarle a Millet los trámites de construcción de un hotel de lujo en la zona.

A 11 kilómetros del Palau pero en sus antípodas sociales se sitúa Santa Coloma de Gramanet, una población del cinturón obrero de Barcelona. Su ayuntamiento se vio sacudido en octubre de 2009 por un escándalo de corrupción inmobiliaria que afectó al alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, inmediatamente relevado al frente del consistorio. La Audiencia Nacional terminó imputando asimismo a dos ex altos cargos del pujolismo, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, por cobrar comisiones ilegales en obras públicas. En la trama también se vio involucrado un ex regidor del Partido Popular.

"Remitiéndonos a los hechos, en Cataluña quien la hace la paga. En cambio, en el resto de España está por ver si quien la hace acaba pagando: no hay más que ver cómo está el caso Gürtel", alega Jordi Barbeta, jefe de la sección de Política en 'La Vanguardia'.

"La corrupción ha dañado sobre todo la idealización de la sociedad civil, dinámica, emprendedora, y la mitificación del patriciado catalán", valora Casals para HERALDO. Y ha terminado calando en la campaña electoral, especialmente el caso Palau: mientras el PSC trata de desgastar a Mas esgrimiendo los casi seis millones de euros que CiU habría cobrado en comisiones entre 2001 y 2008 a través de Millet, el candidato convergente se defiende atacando a la judicatura. Así, cuando hace 15 días la fiscalía pidió imputar al tesorero de Convergència, Mas vio motivaciones políticas: "Algunos en la Fiscalía no quieren que haya cambio", espetó.

Más allá del olor a tormenta en el oasis, semejante borrasca deja la sensación de que Maragall se equivocó al hablar del tres por ciento: en realidad, la comisiones cobradas en el Palau rozaban el cuatro. "Maragall ha sido un político tan excéntrico que, de vez en cuando, se ha permitido decir la verdad", concluye Girauta.