Garzón debería tener cuidado con este asunto, porque la leyes de amnistía eximen a los autores de los hechos y si busca alguna artimaña para poner en marcha una causa estaría rozando la prevaricación". Diciembre de 2006. La premonitoria advertencia no venía del colectivo de enemigos que en sus 22 años de profesión se ha granjeado Baltasar Garzón. Procedía de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya al comienzo del proceso que ha colocado al magistrado al borde del banquillo alertaba en privado de las consecuencias de abrir una investigación por los crímenes franquismo.

Todo empezó cuando cinco asociaciones que reivindicaban la memoria histórica presentaron en la Audiencia denuncias por desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura. Las demandas llegaron a la mesa de Garzón un 14 de diciembre de 2006, ese día estaba de guardia. El juez las envió al Decanato, que procedió a su reparto.

Cinco días después el juez abrió una investigación preliminar para indagar las denuncias. Durante el año siguiente ratificó mediante providencias la presentación de nuevas demandas. Provenían de otras asociaciones de la memoria histórica y de particulares. Llegaron a superar la veintena.

La bola mediática crecía sin mesura y la Fiscalía no tardó en frenar en seco el atrevimiento de Garzón. En una dura respuesta, dejó claro que el juez no era competente para investigar las denuncias que incluyeran la calificación de delitos contra la humanidad. Y, además, avanzó el camino que el instructor acabaría por tomar en noviembre de 2008, cuando decidió inhibirse de la causa: "Las denuncias por detenciones ilegales son delitos comunes que deben ser investigados en los juzgados donde se cometieron los hechos", escribió en febrero de 2008 el fiscal jefe Javier Zaragoza.

Oídos sordos

Pero Garzón hizo oídos sordos y siguió con las diligencias sin resolver sobre su competencia, ordenó a distintas instituciones el envío de listado de desaparecidos entre 1936 y 1939, "recabando para sí" el control de las exhumaciones que pudieran estar practicándose, según rebatió dos años después la Sala de lo Penal del Supremo para justificar la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias por presunta prevaricación.

Si hay un momento clave en la caída del juez fue el 16 de octubre de 2008. Pese a las presiones políticas y judiciales para que dejara la investigación, Garzón declaró la competencia de la Audiencia por tratarse de crímenes contra la humanidad. Ordenó la exhumación de las fosas ya identificadas, entre ellas la de Lorca, y "salvó" los escollos legales implicando a altos cargos de la dictadura, entre ellos Franco, con el argumento de que el delito de detención ilegal no prescribe pese a las leyes de amnistía y por no haberse hallado el paradero de cada uno de los 114.000 desaparecidos registrados.

El 18 de noviembre Garzón, finalmente, se inhibió de la causa al declarar que los responsables de los delitos habían muerto. Tras soltar el sumario, los querellantes se frotaron las manos.

Manos Limpias registró una querella en el Supremo en la que acusaba al juez de prevaricar. El 4 de febrero y tras ocho meses de proceso, el juez Varela consideró que había indicios suficientes para procesar a Garzón por prevaricación, pero se lavó las manos y dejó la decisión final a la Sala de lo Penal. Garzón contraatacó con un recurso y pidió a la Sala que admitiera nuevas pruebas testificales para probar su inocencia.

Pero el CGPJ no esperó e inició los trámites para la suspensión cautelar del juez ante su previsible procesamiento. Se estaba a punto de consumar el "peor golpe desde el 23-F", según los juristas que firmaron esta semana un manifiesto a favor del casi procesado.