Los populares y los socialistas no quieren dejar ni un solo resquicio por el que el brazo político de ETA pueda concurrir a las próximas elecciones y colarse en las instituciones. Miembros de los dos partidos diseñan ya la fórmula jurídica para que la Policía pueda recabar indicios contra las listas herederas de la ilegalizada Batasuna hasta el mismo último minuto de la campaña electoral. El objetivo es que, con estas pruebas, la Justicia pueda ordenar en las horas o días siguientes bien la exclusión cautelar de los comicios de las listas sospechosas o bien la no proclamación de sus candidatos electos, en caso de que la declaración de nulidad no llegase a tiempo de impedir la entrada de las papeletas contaminadas por ETA en las urnas.

La fórmula, una vez sea depurada por PSOE y PP, se sumará a los seis cambios en profundidad de la ley de Partidos ya acordados por los partidos mayoritarios y que el Congreso comenzó ayer a tramitar con la única oposición del PNV, IU, ERC y BNG, que consideran inconstitucionales muchas de las medidas.

La batería de reformas, que estará en vigor para las próximas municipales, persigue cerrar los agujeros por los que las estructuras políticas de la banda lograron colarse en 2005 en el Parlamento vasco (siete parlamentarios de PCTV) y que aún hoy les otorgan 42 alcaldías y 430 concejales en el País Vasco y Navarra (ANV, 2007).

Según desvelaron fuentes de ambos grupos parlamentarios, esta séptima modificación quedará unida, vía enmienda en comisión, a la proposición de ley que ayer pasó el primer examen del pleno, con los 306 votos a favor del PSOE, el PP, UPN, UPyD y Coalición Canaria (CC) y la abstención de CiU.

La modificación de última hora trata de evitar que Batasuna, para burlar a la Justicia, oculte su apoyo a una candidatura hasta el final de la campaña electoral, cuando ya no pueda ser impugnada.

El supuesto ya se dio en 2009, en las elecciones europeas, cuando los líderes del partido ilegalizado no pidieron en público el voto para Iniciativa Internacionalista hasta que se vieron a salvo de la Fiscalía. La lista concurrió a los comicios, pero no logró representación.

Ni una oportunidad

La proposicion de ley del PP y PSOE que ayer admitió a trámite el pleno ya da un paso en este sentido, porque extiende el plazo durante el que Fiscalía y Abogacía del Estado pueden pedir al Tribunal Supremo la exclusión electoral de las listas sospechosas desde el momento de la presentación de candidaturas -límite actual- a la primera semana de campaña. La ampliación que ahora se negocia busca no dar ni una oportunidad.

La medida va dirigida contra la posibilidad de que Batasuna quiera entrar en algunos ayuntamientos mediante listas blancas que usen la fórmula de agrupación de electores. El bloque de reformas en trámite, de hecho, ya tapaba igual camino si quienes lo transitaban eran listas contaminadas de partidos, federaciones o coaliciones legales. La reforma autoriza al Supremo para dejar en suspenso la proclamación de electos tras los comicios si la Fiscalía o el Gobierno le anuncian que en un plazo de 15 días van a instar la ilegalización de los partidos por los que se presentaron.

Las agrupaciones de electores -anulables, pero no ilegalizables- escapaban hasta ahora a este dispositivo de seguridad, previsto para la detección de pruebas que señalen a ETA con la campaña electoral concluida e incluso las elecciones celebradas.

Los otros dos grandes bloques de la reforma validada ayer los constituyen los cambios que tratan de evitar que un partido legal oculte candidatos de ETA y que sea posible expulsar de las instituciones a un concejal o parlamentario que fue elegido en las listas de un partido que después las elecciones resultó ilegalizado por sentencia firme.

Expulsión de concejales

La reforma, en un claro aviso a EA y a otros posibles aliados de la izquierda abertzale, permite anular listas concretas contaminadas de partidos legales. De igual manera, para evitar situaciones como la de los actuales 430 concejales de ANV, si el partido se ilegaliza tras las lecciones la Junta Electoral dará 15 días al concejal, juntero o parlamentario para abandonar el cargo o para hacer una declaración "voluntaria, expresa o indubitada" de repudio público a ETA. Si viola su declaración posteriormente se reabrirá el proceso de expulsión y la misma declaración o renuncia afectará a quien lo sustituya.

El ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, destacó el esfuerzo conjunto con los socialistas para impedir el acceso del brazo político de ETA a las instituciones, pero advirtió al Gobierno de que, una vez aprobada la ley, tocará "aplicarla", y que su partido "vigilará" para que el PSOE "no rebaje el listón" y no caiga en las "trampas" de Batasuna.

Su homólogo del PSOE, José María Benegas, avisó a la izquierda abertzale de que no va estar en las próximas elecciones salvo que rompa con ETA y, sin citarlos, también advirtió a EA y a los "partidos democráticos" que sopesen ayudar a Batasuna que el Gobierno irá contra cualquier lista "que venga a coadyuvar fines espurios, como ayudar a quienes apoyan a la violencia". Uxúe Barkos, representante de NaBai, criticó el texto acordado entre socialistas y populares por "pura coherencia política y democrática".