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CASO ANDRATX

La Fiscalía rebaja de seis a cinco años la solicitud de condena para el ex alcalde

En el caso del ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot, Fiscalía y acusación han añadido el delito contra la ordenación del territorio al de prevaricación, que ya se le imputaba.

Fiscalía y acusación particular del "caso Andratx" han subido de dos a cuatro años la petición de pena para el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot, y han bajado de seis a cinco años la solicitud de condena para el ex alcalde Eugenio Hidalgo.

El ministerio público y la acusación particular han modificado sus peticiones de pena respecto a sus escritos iniciales en la tercera jornada del primer juicio por el "caso Andratx" de corrupción urbanística, que desde el lunes se celebra en la Audiencia Provincial de Palma.

La Fiscalía y la acusación particular han rebajado también por la causa juzgada -la conversión de una nave agrícola en un chalé ubicado en una área protegida- la petición de pena para el ex celador municipal Jaume Gibert, que ha pasado de nueve años a cuatro meses, tras el acuerdo alcanzado entre éste y el ministerio público.

Respecto al cuarto encausado en la vista, el asesor jurídico del Ayuntamiento de Andratx José Ignacio Mir, Fiscalía y acusación particular mantienen la petición de pena de un año.

La defensa de Hidalgo, Massot y Mir, por su parte, ha pedido la libre absolución para los tres, mientras que la de Gibert se ha mostrado conforme con la nueva pena solicitada.

En el caso del ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot, Fiscalía y acusación han añadido el delito contra la ordenación del territorio al de prevaricación, que ya se le imputaba.

A la pena ya solicitada de dos años de prisión e inhabilitación de diez años para cargo público por prevaricación urbanística, se añade ahora la petición de dos años más, multa de 60.000 euros e inhabilitación para la promoción o construcción urbanística durante tres años por un delito contra la ordenación del territorio.

Prevaricación

El escrito de acusación de la Fiscalía indica que Massot "conocía sobradamente la falta de supuestos reales y legales para poder informar favorablemente la licencia" y que pese a ello "informó favorablemente" para su concesión.

Además de la realización de un informe favorable "a una licencia ilegal", el Ministerio Fiscal también achaca a Massot la realización de "actos de colaboración imprescindible para que el acusado Hidalgo realizara la construcción en zona protegida".

Hidalgo solicitó al Ayuntamiento de Andratx la licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola "siguiendo los consejos del acusado Massot", según el escrito final de la Fiscalía.

La reducción de la pena solicitada para el ex alcalde se debe a la supresión de un delito en la acusación, el de falsedad.

El nuevo escrito de la Fiscalía pide para Hidalgo dos años de prisión e inhabilitación durante diez años para cargo público por prevaricación urbanística, así como otros tres años de cárcel y multa de 60.000 euros e inhabilitación para la promoción o construcción urbanística durante tres años por un delito contra la ordenación del territorio.

Demolición de lo construído

La Fiscalía reclama también que Hidalgo proceda a "la demolición de lo ilegalmente construido".

Tras el acuerdo alcanzado con el ministerio público, la pena pedida para el ex inspector municipal de obras de Andratx Jaume Gibert se ha visto reducida a cuatro meses de prisión, multa de 60.000 euros y dieciocho meses de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, al suprimir de la acusación los seis años de cárcel por falsedad.

La Fiscalía manifiesta en su escrito final que Gibert confesó ante la autoridad judicial su intervención en los delitos que se investigaban y dio información "para el descubrimiento de nuevos delitos que hasta entonces no se conocían".

La petición de pena para el ex asesor jurídico del Ayuntamiento de Andratx José Ignacio Mir, se mantiene en un año de prisión e inhabilitación para cargo o función pública por diez años, por un presunto delito de prevaricación urbanística.

La vista está previsto que concluya este jueves con la argumentación de las conclusiones anunciadas hoy por la Fiscalía, acusación particular y defensas, tras lo cual quedará visto para sentencia.

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