La Fiscalía niega que Garzón prevaricara

La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer a la Sala de lo Penal su escrito provisional de conclusiones para el juicio que se celebrará contra el juez Baltasar Garzón, acusado de un delito de prevaricación durante su investigación de los crímenes del franquismo. Como era de esperar, debido a que el Ministerio Público no acusa en el proceso, el fiscal Luis Navajas reclamó la libre absolución del instructor de la Audiencia Nacional porque los hechos no son constitutivos de delito y "en modo alguno" del de prevaricación.

La petición de la Fiscalía se contrapone con el escrito de acusación formulado por la única parte acusadora, la del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que solicita 20 años de inhabilitación para el juez por un delito "muy grave" de prevaricación al saltarse la Ley de Amnistía de 1977 cuando decidió investigar las desapariciones acaecidas durante el régimen franquista. Dicha ley, según algunas interpretaciones, exoneraba de cualquier culpa a los presuntos autores de los delitos.

Para rebatir estos argumentos, la Fiscalía ha solicitado al tribunal una serie de pruebas documentales, entre ellas los votos particulares que formularon tres magistrados de la Sala Penal de la Audiencia Nacional cuando se planteó un conflicto sobre la competencia de la causa abierta por Garzón, en diciembre de 2008. Se trata de José Ricardo Prada Solaesa, Clara Bayarri García y Ramón Sáez Valcárcel, quienes apoyaron la capacidad del tribunal para investigar dichos delitos.

Informes favorables

Mientras el Supremo decide la fecha del juicio oral, sigue la tramitación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la solicitud de Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional. Ayer llegaron dos informes solicitados por el Consejo el pasado viernes. El Gobierno, a través del Ministerio de Exteriores, reiteró su respaldo a la marcha de Garzón a la corte de La Haya pese a la nueva situación procesal del togado.

El otro informe favorable fue el de la Fiscalía de la propia corte internacional, que respondió al Consejo que la suspensión del juez no supone ningún obstáculo para su acceso a un puesto de asesor en este departamento. Aclaró, además, que el cargo ofrecido no incluye ningún tipo de inmunidad procesal, como preguntaba la comisión permanente del CGPJ.

En una breve misiva, firmada por Moreno Ocampo, la Fiscalía señaló que ya conocía la investigación abierta a Garzón por presunta prevaricación y que "comprende que debía ser suspendido de sus funciones", aunque no constituye ningún "obstáculo" para su contratación.

El Consejo aún está pendiente de recibir otros informes: el de la Fiscalía General de Estado y otro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La demora impedirá que la comisión permanente trate este asunto en la reunión ordinaria de hoy, según fuentes del gobierno de los jueces.

Mientras tanto, Baltasar Garzón se reunió por la mañana en la embajada de Argentina de Madrid con la presidenta de aquel país, Cristina Fernández de Kirchner, quien le expresó su respaldo. "Estamos no solo preocupados, sino sorprendidos y dolidos", afirmó la presidenta, para quien la situación de Garzón es "una regresión en materia de juzgamientos, ya que nosotros creemos que los derechos humanos son universales", señaló en un comunicado.

Por la tarde Garzón viajó a París, donde recibió el Premio de la Libertad y la Democracia René Cassin, concedido por la asociación francesa República Joven. Al evento asistió su posible 'jefe', el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien dijo que Garzón se había hecho muchos enemigos por sus investigaciones en torno al poder.