La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio un severo varapalo a la teoría de la conspiración pergeñada por el PP ante los informes policiales sobre una presunta financiación ilegal del partido en esa coforme de la Brigada de Blanqueo de Capitales que apunta ese delito. En apenas 24 horas, concluyó que de ese informe de 89 páginas sobre los contactos de la Generalitat y el PP con la rama valenciana de la 'red Gürtel' no "se desprende ningún acto delictivo", máxime cuando la demanda no precisa siquiera en qué supuestas irregularidades penales incurrieron los funcionarios.

El sobreseimiento 'exprés' de la demanda de Costa, según informaron fuentes judiciales, se produce tras haber constatado el Ministerio Público que el informe se elaboró por orden y bajo control judicial, que las observaciones telefónicas a las que se refiere el documento estaban legalizadas y que los agentes, en todo momento, se ajustaron al "objeto de la investigación" y no obraron por cuenta propia "ni siguiendo consignas de sus superiores".

La denuncia del número dos del PP valenciano iba dirigida contra los mandos que ordenaron la elaboración de ese dossier y contra el funcionario que redactó el atestado, cuyo número de identificación figuraba en el documento. El Tribunal Superior de Justicia valenciano se negó a incluir ese informe en el sumario -ya archivado- sobre el supuesto pago de sobornos en especies al presidente valenciano, Francisco Camps, y a tres de sus más cercanos colaboradores, entre ellos el propio Costa.

"Informaciones sesgadas"

El dirigente popular señaló en su demanda que en ese dosier sólo aparecían "informaciones sesgadas, intencionadas y sin pruebas", y que el objetivo de la Policía con ese documento era "retrasar las decisiones del Tara que dieran una respuesta "contundente" ante el escándalo desatado por la presunta financiación ilegal. Una medida que fuentes próximas a Mariano Rajoy tacharon de insuficiente.

El informe de la Brigada de Blanqueo fue rotundo y concluyó que la cúpula del PP valenciano amparó la financiación ilegal de la formación a través de la filial valenciana de la trama Gürtel, 'Orange Market', que dirigía Álvaro Pérez, 'El Bigotes', hombre de confianza de Francisco Correa. Al menos cuatro altos cargos, según las pesquisas policiales, estaban al tanto del movimiento ilícito de fondos: Costa; el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; el vicesecretario de Organización del PP en esa comunidad, David Serra; y la tesorera, Yolanda García Santos. Todos ellos, siempre de acuerdo al documento policial, aceptaron pagar facturas por servicios no prestados, hicieron una doble facturación de los eventos encargados a 'Orange Market' y confeccionaron facturas 'ad hoc' para justificar los gastos irregulares.

"Legal"

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, defendió este miércoles la "legalidad" del famoso informe. Aseguró que ese documento "no es más que otra manifestación de una investigación que realiza una brigada de la Policía y que se presenta ante el juez". Recordó que fue la autoridad judicial la que "ordenó las medidas correspondientes" en esa investigación. "Las actuaciones de la Policía y la Guardia Civil son siempre legales, bajo la supervisión de fiscales y jueces y conducen a la persecución", apostilló.

Ignorantes del archivo de la denuncia, dos diputados del PP siguieron erre que erre en el Congreso dando carta de credibilidad a la teoría del montaje policial, pese a que la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, corrió este lunes un tupido velo sobre esta línea de defensa, abrazada por la dirección del PP en los días siguientes a conocerse el informe. Ignacio Gil Lázaro aprovechó una pregunta sobre criminalidad al ministro de Justicia en la sesión de control al Gobierno para manifestar que "no es admisible que algunos policías fabriquen informes que no han sido requeridos por los tribunales y añadió que "tampoco es admisible que la Fiscalía pasee esos informes para ver si consigue colgarlos en la percha de algún órgano judicial".

En la misma línea se expresó minutos después el diputado Ignacio Cosidó, cuando recriminó al ministro del Interior que no tuviese "el más mínimo pudor en conceder las más altas condecoraciones a los policías que elaboraron los informes sobre la oposición". El también 'popular' Arturo García Tizón, abundó en la crítica al ministro por haber puesto a la policía a "su servicio" y le acusó de "utilización partidista" de las fuerzas de seguridad.

Alfredo Pérez Rubalcaba cogió al vuelo los reproches para hacer una cerrada defensa de los agentes responsables de la investigación. El ministro, que aseguró no conocer el número de funcionarios antiblanqueo que recibirán medallas, dijo que "aunque solo sea por las infamias que han aguantado" del PP se merecen el premio. El titular de Interior lamentó que el partido opositor se "pase todo el día cuestionando el trabajo de la Policía", antes con el 11-M y ahora con la investigación sobre la trama corrupta que salpica al PP.