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TRIBUNALES

La Audiencia Nacional rechaza extraditar a 'Isabelita' Perón a Argentina

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a su país a la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita Perón, al considerar que los delitos por los que la reclamaba no son de lesa humanidad y, por tanto, han prescrito.

La Justicia argentina le acusa de estar relacionada con los crímenes cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina, "Triple A", durante su mandato (años setenta), en concreto la desaparición de, al menos, diez personas, y la detención ilegal y torturas de dos jóvenes argentinos, uno de ellos también desaparecido.

En dos autos, el tribunal que preside Fernando García Nicolás, argumenta que no se han aportado pruebas de que Perón tuviera una participación concreta en alguna de las acciones delictivas que se atribuye a la "Triple A", que operó durante su presidencia.

El único hecho que "con alguna concreción" se adjunta en la documentación que aporta la Justicia argentina para solicitar su extradición es una reunión que se celebró el 8 de agosto de 1974 en la residencia oficial que ella presidió y en la que se proyectaron unas diapositivas con la imagen de quienes serían asesinados por supuestas actividades subversivas.

El que Isabelita Perón presidiera esta reunión "no es suficiente para establecer una relación causal" a efectos penales entre los que vieron las diapositivas y quienes decidieron estos asesinatos.

En el caso de que la cooperación que se atribuye a la ex presidenta con la "Triple A" fuera constitutiva de algún delito, "desde luego" no sería de lesa humanidad sino "todo lo más" de asociación ilícita, que, según señala, estaría penado con 12 años de cárcel, un delito que prescribe a los diez años.

Además el auto pone de relieve que el juez argentino que reclama la extradición no imputó a Isabelita Perón los crímenes perpetrados por la "Triple A", de forma que es él mismo quien la "está excluyendo" de ese eventual acuerdo para asesinar a presuntos subversivos que pudiera haberse adoptado en la cita que tuvo lugar en la residencia presidencial.

La misma argumentación aplica la Sala para denegar la demanda de extradición de la ex presidenta por el secuestro de los jóvenes Héctor Aldo Fagetti, desaparecido en febrero de 1976, y Jorge Valentín Betón, un menor detenido y torturado en las mismas fechas.

El tribunal considera que "no se desprenden los elementos generales" para calificar los delitos de lesa humanidad, ya que "no existe un vínculo concreto" entre Isabelita Perón y las detenciones ilegales, ni tampoco hay un "ataque sistematizado contra la población civil, conocido y consentido por la más alta autoridad de la nación", que ésta ostentaba entonces.

En la resolución se detalla que el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas aportado para pedir que sea juzgada en Argentina -se denuncian cerca de 600 secuestros- sirve para acreditar "un número indeterminado" de desapariciones, pero "en ningún caso determinan" la relación de la presidenta con estas acciones.

Al no considerar estos delitos de lesa humanidad y calificarlos el juez argentino de detención ilegal y torturas, la Sala señala que éstos prescriben a los veinte años.

La Audiencia Nacional celebró el pasado 14 de abril una vista para estudiar la extradición en la que Perón alegó que no podía ser juzgada en su país porque es una ciudadana española y además su estado de salud es precario.

Isabelita Perón asumió el poder el 29 de junio de 1974, dos días antes de la muerte de su esposo Juan Domingo Perón, que había ganado las elecciones presidenciales de 1973, y fue derrocada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.

La ex presidenta permanece en libertad provisional desde el 12 de enero de 2007 cuando fue detenida en su casa de Madrid, donde reside desde 1981, en virtud de la primera solicitud de extradición que cursó Argentina por su relación con la detención ilegal y torturas de los dos jóvenes mencionados.

El 25 de enero de 2007 se le comunicó la segunda orden de detención librada contra ella en su país, en este caso por su presunta responsabilidad en los crímenes de la "Triple A" en la década de los 70.

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