La Audiencia Nacional ha concedido la nacionalidad española a un sirio con documentación iraquí a quien el Gobierno denegó esta condición por "razones de seguridad nacional", tras considerarle un espía al servicio de "organismos de inteligencia extranjeros".

El tribunal, que acepta en su integridad el recurso del demandante, calificó las razones y afirmaciones del Ejecutivo de "inconsistentes", ya que el Ministerio de Justicia se negó a aportar a la causa los supuestos informes elaborados durante diversos años por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que demostrarían las acusaciones, porque dijo que son "documentos de carácter secreto, por contener materias clasificadas".

La Sala de lo Contencioso Administrativo deja claro al Gobierno que la Administración no puede privar de la nacionalidad a nadie que cumpla los requisitos legales, como es el caso de E. J. E, sin probar en el expediente administrativo o en los tribunales que efectivamente existen hechos o datos que avalan una negativa por razones de "orden público o interés nacional". Indica que la ley impide al ministerio realizar "actos discrecionales" ante este tipo trámite administrativo, por lo que si quiere rechazar la demanda debe probar sus acusaciones.

Los magistrados, además, destacan que junto a la falta de pruebas de espionaje está "la acreditada trayectoria vital del demandante en Espdespués de más de 25 años de residencia, solicitó en 1995 la nacionalidad española, pero el ministerio de Justicia tardó doce años en dar respuesta a su demanda y, además, rechazó su petición el 29 de marzo de 2007. La resolución descartaba concederle la nacionalidad por "razones de seguridad" y el expediente administrativo contenía noticia de cuatro informes del CNI, elaborados entre 1997 y 2006, que señalaban que "desarrolla actividades en favor" de "organismos de inteligencia extranjeros".