La comisión disciplinaria el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido sancionar con una "falta grave" al juez sevillano Rafael Tirado, investigado por no ejecutar una sentencia pendiente por malos tratos contra el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle. El magistrado deberá ahora pagar una multa de 1.500 euros, aunque el propio protagonista ha señalado que, a su juicio, "no cometió ninguna conducta que deba ser reprochable" por lo que piensa recurrir la decisión. Esta polémica sanción ha caído como un jarro de agua fría sobre los familiares de la menor asesinada. Su padre, Juan José Cortés calificó la decisión de "indignante" y confesó que tras este desenlace ya no cree en la justicia.

Esta comisión del máximo órgano de gobierno de los jueces hizo pública su decisión, que fue respaldada por tres de sus cinco miembros, por la que consideran que el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla cometió una "falta grave", según contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, Tirado está acusado de un "retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de procesos o causas" por el que le corresponde pagar una multa de 1.500 euros.

El instructor designado por CGPJ para llevar este caso, Wenceslao Olea, aseguró en el expediente que la falta cometida por el magistrado no puede considerarse como "muy grave", tal y como solicitaba la Fiscalía, porque lo único que se puede reprochar al juez es que "no prestara mayor atención" a la labor de los funcionarios de la sección que se ocupaba de tramitar las ejecutorias, cuyo trabajo se encontraba colapsado. De este modo, el documento explica que la sección de Tirado presentaba carencias debido a la movilidad de los funcionarios que la atendían y la falta de experiencia de la secretaria más antigua.

por su parte, el propio sancionado declaró hoy tras conocer la noticia que no cree haber cometido "ninguna conducta que deba ser reprochable", por lo que ha decidido recurrir la multa. En este sentido, el abogado que defiende a Tirado, Alfonso Martínez Escribano, explicó que "el juez no es responsable ni directa ni indirectamente de la muerte de una persona" y que por ello ha decidido tomar estas medidas. Además, elogió la actitud de su cliente que "ha guardado un silencio absoluto por respeto a la familia y para que los que tenían que resolver lo hicieran con tranquilidad", si bien prosiguió que el magistrado piensa hacer un "comunicado público en los próximos días para que la opinión pública pueda conocer sus alegaciones".

También recurrirá esta decisión la Fiscalía, pero en este caso para que se modifique la sanción de 'falta grave' a una 'muy grave' que supondría la suspensión durante tres años y traslado forzoso o incluso apartarle de la carrera judicial. "todo está en manos de la Fiscalía", señalaba al respecto el padre de Mari Luz, para quien la decisión tomada por el CGPJ ha sido La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre la familia de la pequeña Mari Luz. Cortés calificó la sanción de "indignante" y confesó que se quedó "petrificado" al conocer la noticia y que después de esto no sabe si la población "podrá confiar en la justicia", algo que él ya no hace, explicó.

En este sentido, la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, consideró hoy, que el CGPJ ha perdido "una gran oportunidad", la de "trasladarle a la ciudadanía que la justicia llega a todos los rincones, a todos lados y a todo el mundo". De este modo, de mostró insatisfecha con lo sucedido y señaló que ahora habrá que esperar un mes para conocer la decisión, tras los diferentes recursos que se han puesto en marcha.

"Poca cosa"

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mantuvo que es "difícil" estar de acuerdo con esta decisión que considera "poca cosa". También el PSOE califica la multa de "muy escasa" además de "poco ejemplarizante". EL portavoz de los socialistas en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubiam consideró que "siempre" hay que respetar las resoluciones judiciales si bien apuntó que se trata de una multa algo escasa "desde el punto de vista del sentido común". También IU y CiU mostraron su respeto aunque apuntaron que que la sanción es "ridícula" teniendo, además, en cuenta la repercusión social que tuvo el caso Mari Luz.

Los nacionalistas vascos, a través de su portavoz de Justicia en el Congreso, Emilio Olabarría, creen que la sanción impuesta por el CGPJ viene a confirmar la necesidad de que el órgano de gobierno de los jueces en funciones desde noviembre de 2006, cese en sus funciones para que sus sucesores puedan regenerar la credibilidad perdida. Al respecto, los funcionarios de lo Penal de Sevilla criticaron en un comunicado a las administraciones por haberse dedicado todo este tiempo a "buscar una cabeza de turco" en vez de "arreglar la justicia".