MADRID. El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, comparecerá ante el juez en calidad de imputado como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. El ex portavoz parlamentario del PSOE será interrogado sobre la concesión de dos ayudas por un importe total de 78.000 euros a una fundación de la que fue patrono. La primera de ellas fue asignada tres meses después de dejar el padrinazgo de la asociación tras ser nombrado secretario.

El juez de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, interrogará a López Garrido el 4 de diciembre tras admitir a trámite una querella interpuesta por el Centro Jurídico Tomas Moro. El magistrado señala que los hechos "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" que debe ser investigada y da traslado de la resolución al fiscal y la defensa por si quieren presentar un recurso en el plazo de tres días.

Según la querella, el ex diputado socialista concedió dos subvenciones de 60.000 y 18.000 euros a la Fundación Alternativas, un laboratorio de ideas afín al PSOE, desde su Secretaría de Estado. López Garrido se desligó de la fundación el 15 de abril de 2008, cuatro días después de ser nombrado secretario para la UE, y la primera ayuda fue concedida el 22 de julio de 2008 (era para hacer una encuesta sobre la opinión de los españolas acerca de la UE). Sin embargo, el Centro Tomás Moro argumenta que ostentó el cargo de patrono hasta el 25 de mayo de 2009.

El 14 de mayo pasado, según la demanda, asignó otra partida de 18.000 euros para que la fundación pusiera en marcha un portal de Internet sobre Europa. Para los querellantes, queda patente la "incuestionable vinculación del político, pasado o presente, con la fundación, lo que convierte las ayudas en actos reprobables jurídicamente".

En rueda de prensa en la sede de Exteriores, López Garrido aseguró que no piensa dimitir porque considera que las ayudas se adjudicaron respetando la ley. Aclaró que las dos subvenciones se adjudicaron cuando ya no formaba parte del patronato de la Fundación Alternativas. "Cuando se aplica y se cumple la ley estrictamente no hay razones para tomar una decisión de este tipo", contestó cuando se le preguntó si se había planteado dejar el cargo.

Se mostró convencido de que la querella "no tiene ningún fundamento, ni la más mínima base legal", y garantizó su plena disposición a colaborar con la Justicia. El secretario de Estado hizo hincapié en que se dio de baja días después de entrar en el Gobierno con una carta que envío al presidente de la Fundación, Pere Portabella. A su juicio, este trámite fue suficiente para dar por hecho que dejaba de estar en el patronato. "Estos son los procedimientos que hay. No conozco otros", añadió para rebatir el argumento del denunciante de que esa carta no tiene valor jurídico.

Donde más énfasis puso es en que las ayudas "se ajustaron a la más estricta legalidad, transparencia y publicidad" después de superar el proceso de selección. Defendió el derecho de la Fundación Alternativas a recibir estos fondos y no consideró irregular que estuviera ligado a ella hasta abril de 2008. "No es una incompatibilidad ni legal ni moral", remarcó López Garrido, quien evitó especular las motivaciones del centro Tomás Moro. "No va a haber ningún problema. Tengo absoluta tranquilidad", concluyó López Garrido, que, en tono distendido, lamentó que la noticia le amargara el día de su santo.

La Fundación Alternativas indicó que la denuncia "no tiene fundamento alguno" y precisó que, con López Garrido como secretario de Estado, ha recibido menos dinero que en los periodos precedentes. Atribuyó la situación a "una reacción del querellante (cercano al PP) ante su idea de que la fundación es la inspiradora de la Ley del Aborto". Precisó que la asociación ha acudido a las convocatorias públicas del programa 'Hablemos de Europa' en las mismas condiciones que otras entidades, ha recibido "cantidades muy inferiores a las solicitadas" y siempre ha terminado "en tiempo y forma todos los trabajos a los que hacía referencia la solicitud.

Mientras, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confió en que "todo se aclare rápidamente".