La ONG Greenpeace acusó este miércoles a varias empresas españolas y a entidades bancarias de apoyar la producción de bombas de racimo durante la presentación de un manifiesto contra este tipo de munición ratificado por 150 personalidades relacionadas con el mundo de la cultura, el arte, la ciencia y el tercer sector, y pidió al Gobierno que "sea valiente" y "se decida" a prohibir su fabricación.

Estas empresas --los fabricantes Expal (Explosivos Alaveses S.A) e Instalaza, con sede en Zaragoza-- negaron estas acusaciones y señalaron a Europa Press que, en el caso de Expal, no fabrican este tipo de armamento "desde hace más de diez años", mientras que Instalaza dijo "no haberlas fabricado nunca".

En cuanto a la postura del Gobierno, la ONG señaló que a éste le resulta "muy difícil posicionarse" ante esta realidad debido al "entramado" que existe entre el complejo militar, industrial y económico español. Así, apuntó que el presidente de la empresa vizcaína productora de estas bombas de racimo, Expal, es el ex almirante de la Armada Española y ex secretario general de política de Defensa hasta enero de 2007, Francisco Torrente, que dos meses después de abandonar su cargo ya era presidente.

En relación con la empresa Expal, que según Greenpeace fabrica la bomba BME 330, la ONG hizo alusión al crédito sindicado otorgado por "varios bancos españoles" entre los que nombró a BBVA, Banesto y Caixa de Catalunya, que, en éste último caso, "tiene como presidente al ex vicepresidente y ministro de Defensa de España, Narcis Serra".

Asimismo, la ONG explicó que Instalaza "desarrolla la bomba MAT 120" y está introduciendo innovaciones tecnológicas para conseguir que se "autodestruya y autodesactive", aunque sólo está probada en laboratorio, "porque si se hiciese en un escenario real provocaría la muerte de civiles".

En este sentido, Greenpeace señaló que la Administración está adoptando la posición de "salvar las bombas de racimo más avanzadas tecnológicamente", arsenal que también rechazó porque, según los denunciantes, "estas bombas siempre provocan la muerte de civiles, contradiciendo el Derecho Internacional Humanitario al que se deben acoger 194 países". Además, apuntó que aceptar este tipo de bombas supondría "legitimarlas" y "apoyarlas".

También criticó la "postura de consenso" tomada por el Gobierno, ya que, según la organización, el Ejecutivo ha preferido "flexibilizar" sus exigencias para conseguir que el tratado firmado sea ratificado por un mayor número de países. Frente a esta postura, la ONG recordó que el documento firmado contra las bombas antipersonales "no tuvo un gran seguimiento", pero actualmente "es respetado por todos, incluidos los no firmantes, como Estados Unidos".