Como vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons se ha convertido en el ariete de la dirección nacional para capear las consecuencias del 'caso Gürtel'. Pertenece al nuevo equipo de Mariano Rajoy pero también formó parte de la cúpula del partido durante la última etapa de José María Aznar, como portavoz del grupo parlamentario en el Senado. Pons es, además, un hombre de Francisco Camps con el que trabajó en distintas consejerías del gobierno de la Generalitat. Con ese bagaje político y su afición declarada por el mundo de internet, hace frente a las turbulencias del mayor caso de corrupción que conmueve a su partido.

-Pregunta.- Ya han declarado Bárcenas y Merino ¿y ahora qué?

-Respuesta.- Hay que esperar a que los tribunales tomen una decisión. Ellos han podido explicarse y ahora tendrán que ser los jueces que los que den su versión.

P.- ¿El PP está entonces en manos de los jueces, por tanto?

R.- Todos estamos en manos de los jueces... y de los médicos, de los arquitectos. Cada uno en la vida cumple con su función. Hoy por hoy, nuestros compañeros y hasta que decidan los tribunales gozan de toda nuestra confianza.

P.- ¿Dimitirá el tesorero cuando se pida su suplicatorio como anunció o le cabe alguna capacidad de decisión al PP?

R.- Es mejor no anticipar acontecimientos y esperar a ver qué decide el juez instructor porque puede tomar varias decisiones. Sin ninguna duda, tanto Bárcenas como Merino como el resto de compañeros que están dando explicaciones reaccionarán en función de las decisiones de los jueces.

P.- ¿Qué fue de la teoría del PP de la separación entre responsabilidades judiciales y políticas?

R.- Mantenemos esa teoría y cuando existe una situación que políticamente no pueda sostenerse es normal que se asuma la responsabilidad política, a la espera de que se establezca la judicial.

P.- Pero en este caso no se ha hecho.

R.- En este caso, los tribunales no han tomado ninguna decisión. No tenemos más que informaciones periodísticas.

P.- ¿Y por qué pidieron la dimisión del director del CNI basados en informaciones periodísticas?

R.- Él administraba una parte muy sensible del organigrama del Estado. Tener al jefe de los espías dirigiendo a los espías en las condiciones en las que estaba no era deseable. Hubo una comisión de secretos oficiales y pudimos ver la documentación que aportó, pedimos que se hiciera pública pero el presidente del Congreso se negó. Si esa documentación saliera a la luz se entendería perfectamente nuestra posición. No había sólo informaciones periodísticas.

P.- ¿Cree que Aznar habría cesado al tesorero a estas alturas?

R.- Estoy convencido de que José María Aznar habría actuado en todo momento como lo hizo Mariano Rajoy y, además, sé que han estado y están muy en contacto por este asunto y otros de la vida cotidiana del partido.

P.- Desde que salió el 'caso Gürtel', sólo se pidieron dimisiones en Madrid pero ya han caído dos en el Gobierno ¿no le parece llamativo?

R.- Es que no se puede comparar el Gobierno con la oposición. En el Gobierno se tiene una responsabilidad política extrema porque se administran los fondos públicos y mucho más en las parcelas de la Justicia o el espionaje. En la oposición, se tiene responsabilidad política pero se mide de forma diferente.

En el banquillo

P.- ¿Qué le parece que un presidente autonómico como Camps tenga que sentarse en el banquillo de los acusados?

R.- Estoy seguro de que el recurso que el presidente de la Generalitat ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia prosperará y, por tanto, estamos en vísperas del archivo de las actuaciones contra Francisco Camps.

P.- ¿Cuál es el límite de los regalos aceptables y de los que no lo son?

R.- Los regalos aceptables para un dirigente político tienen el mismo límite que para un director de periódico, un periodista, un abogado o cualquiera que ejerza alguno de los poderes democráticos. En democracia existen cuatro poderes: el político, el económico, el judicial y el mediático. El límite es el mismo para todos.

P.- ¿Y el límite está en...?

R.- No lo sé. Habría que preguntárselo a todo el mundo y no sólo al PP. Se puede preguntar al PSOE, a cualquier banco o periódico cuáles son los regalos aceptables. Debe ser un límite que establezcamos entre todos.

P.- ¿No han exagerado al denunciar una estrategia diseñada por el Gobierno para aniquilar al PP?

R.- En absoluto. En Estados Unidos, el caso Madoff, que es la estafa financiera más compleja de la historia norteamericana, se ha investigado, instruido, juzgado y sentenciado en siete meses. Aquí, ni siquiera se ha terminado de instruir la investigación judicial. Eso significa que es muy posible que haya un interés político del Gobierno en que se prolongue esta sombra de sospecha sobre el PP.

Cuando la oposición acusa al Gobierno de tener una mano negra que mueve los hilos de la justicia y de la policía para perseguirle, algo muy grave está ocurriendo en la justicia de ese país.

P.- ¿No es ir muy lejos llegar con su denuncia los tribunales?

R.- Nosotros hemos aguantado mucho, sabemos que nuestros dirigentes han sido escuchados telefónicamente, han sido investigados, que se nos ha acusado injustificadamente en la mayoría de los casos, hasta que, al final, hemos hecho la denuncia de que el Gobierno utiliza la fiscalía y la policía para perjudicar al partido de la oposición. Por eso hemos llamado la atención internacional sobre lo que está pasando en España porque ni es normal ni decente que un Gobierno utilice los recursos públicos para intentar menoscabar el prestigio de la alternativa.

P.- ¿Tiene pruebas de que les han grabado conversaciones ilegalmente?

R.- No tengo más que ver las que se han publicado en los medios de comunicación que ni siquiera formaban parte de ningún sumario y en las que se escuchaba la voz de un presidente de comunidad autónoma. Es escandaloso.

P.- ¿Con qué pruebas acusan directamente a la policía y la UDEF de las filtraciones en su denuncia ante los juzgados?

R.-No acusamos directamente a nadie. Precisamente es una denuncia para aclarar de dónde proceden las filtraciones sobre las conversaciones.

P.- ¿Le parece una solución acusar al mensajero que publica los informes policiales, como hacen en la demanda?

R.-La denuncia no acusa al mensajero. Insisto en que quiere aclarar de quién ha filtrado esa documentación y con qué fin, aunque esto último parece obvio: dañar y menoscabar el buen nombre del PP y de muchos de sus cargos.