El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a los juzgados de instrucción decanos de Burgos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Vizcaya y Zaragoza todos los datos aportados sobre los llamados "niños perdidos del franquismo" en la causa que investiga las desapariciones durante esa época.

En un auto, con fecha de 26 de diciembre, que ha sido comunicado a las asociaciones personadas en la causa, el magistrado materializa su inhibición en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas -ya se inhibió el 18 de noviembre-, después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le declarara no competente para instruir este procedimiento.

Así, Garzón remite la causa a los juzgados provinciales de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, además de los de Alicante y Valencia, Manacor y Palma de Mallorca y Cáceres.

También envía "testimonio literal" de las actuaciones que están digitalizadas, así como del informe realizado por los peritos, en cuyo balance provisional cifran las víctimas entre 136.062 y 152.237.

El 28 de noviembre el pleno de la sala de lo penal estimó el incidente de competencia que planteó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza contra la decisión que Garzón adoptó el 16 de octubre de declararse competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.

No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 ya había neutralizado el efecto de esta decisión al inhibirse diez días antes en favor de los juzgados en los que estuviesen localizadas las fosas tras certificar que todos los responsables del franquismo a los que podía imputar las desapariciones habían fallecido.

En este sentido, Garzón detalla ahora que dicha inhibición se materializa "según lo decidido por la Sala" de modo que "serán los juzgados que resulten competentes los que tendrán que asumir o no asumir dicha calificación y la continuidad o no de los procedimientos", incluidos los referentes a las desapariciones "legalizadas", sustracciones y cambios de identidad de niños durante el franquismo.

Ya en noviembre, el juez alertó de que la dictadura franquista "pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40", al arrebatárselos a sus padres para educarles en la afección al régimen.

Por ello, consideraba que una de las razones para sostener que los delitos (de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de Crímenes contra la Humanidad) no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas "que puedan estar vivas".

"Niños perdidos"

Garzón ya advertía en el auto de noviembre al poder judicial "la obligación" de investigar lo sucedido a los 'niños perdidos' y destacaba que el "número indeterminado" de menores en estas circunstancias "dura hasta la fecha".

El juez reflejaba en aquella resolución los datos recopilados por el historiador catalán Ricard Vinyes que aportó en su Juzgado junto a diversas transcripciones de conversaciones que, en opinión del magistrado, "apoyan la investigación".

Indicaba que la "sustracción sistemática de niños" de padres que eran considerados "no aptos para asumir su cuidado y protección" por su ideología, constituye un crimen contra la humanidad que no está prescrito ni amnistiado ya que las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas.

"Estos son los hechos y desde las instituciones, el Ministerio Fiscal y los jueces competentes se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las víctimas", decía el juez que indicaba que es necesario ofrecer la posibilidad a aquellos que están vivos y que hoy en día superan los 60 años, de obtener la recuperación de su identidad.

Según los datos que obran en el sumario la cifra de niños y niñas, hijos de presas y tutelados por el Estado, alcanzó entre 1944 y 1955 casi 31.000, según la información que el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas elevó al mismo Francisco Franco.

La sustracción de menores adquiría diversas formas por lo que existen 'niños perdidos', hijos de reclusos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen y cambios en la identidad de niños repatriados y abandonados que "los rojos obligaron a salir de España" y que fueron después devueltos.

Estos menores eran asignados a familias "de reconocida moralidad y adornados de garantías" que aseguraran la educación de los huérfanos en ambiente familiar irreprochable desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional".

"Se dieron casos de alteración de datos al nacimiento para impedir que los padres (...) recuperaran a sus hijos y perjudicaran las adopciones consumadas", recordaba el juez. Garzón mencionaba también a los hijos de mujeres presas violadas en las cárceles y ejecutadas después de dar a luz y reflejaba la existencia de un plan emanado del régimen franquista y dirigido a la "captura" de menores repatriados en países como Rusia.

Informe de los peritos

En su nuevo auto Garzón menciona además la existencia de un informe llevado a cabo por la comisión de expertos que nombró él mismo para agilizar la investigación sobre las desapariciones y muertes y cuya elaboración se cerrará hoy, dice el juez.

El magistrado asegura que los cinco peritos que componen el grupo le han presentado un avance de este estudio "en el que apuntan un balance provisional de víctimas que cifran en un número que se centra entre los 136.062 y los 152.237".

Garzón acuerda, además, remitir testimonio literal de las actuaciones digitalizadas a los Juzgados territoriales y comunicar a estas dependencias judiciales cuales son las partes personadas en este procedimiento.