Esperanza Aguirre ha concluido sus vacaciones, ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno de Madrid, ha compadecido ante los periodistas y lo primero que ha hecho ha sido situarse a la vanguardia de la campaña de denuncias de su partido para acusar al Gobierno de perseguir a los militantes y cargos del PP.

Con este decidido apoyo de Aguirre, cobra fuerza internamente la estrategia de Mariano Rajoy que quiere contar con todos los barones territoriales para hacer frente a un otoño en el que se teme una nueva ofensiva de detenciones y filtraciones por casos de corrupción, a cuenta de las investigaciones sobre el 'caso Gürtel' o los avances del escándalo que sacude al PP de Baleares.

La presidenta madrileña ha tildado de "escandalosa detención mediática" la de dos cargos del PP de Baleares que fueron arrestados y posteriormente puestos en libertad el pasado cinco de agosto. "Fueron esposados por la mano derecha –ha declarado en rueda de prensa-, cosa que yo no he visto hacer jamás ni a los terroristas más peligrosos.

Por supuesto, no a De Juana Chaos, que estaba siendo magníficamente tratado, como todo el mundo sabe, y teniendo bis a bis con su novia". Aguirre ha comparado así la situación penitenciara del preso de ETA en huelga de hambre, en la primavera del año 2007, con elreciente apresamiento del portavoz municipal del PP en el ayuntamiento de Palma de Mallorca, Rafael Durán, y el que fuera director de Deportes del gobierno autonómico de Jaume Matas, el olímpico José Luis Ballester.

Además de proclamar públicamente el trato desigual al que se considera sometido el PP, Aguirre también es partidaria de acudir a los tribunales y cree que los afectados deben emprender acciones legales contra los abusos, como ya se plantean hacer algunos de los dirigentes que figuran en el dosier que elabora la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Sáenz de Santamaría. Por su parte, la presidenta de Madrid ha anunciado que aportará a dicho documento los casos registrados en su comunidad.

La propia Aguirre se ha presentado como una de las víctimas de la persecución de la que culpa al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha mencionado los sucesos que tuvieron lugar en 2004 en Majadahonda cuando un concejal -que más tarde destaparía el 'caso Gürtel'- ha grabado la conversación del grupo municipal del PP, en la que se comentaban las opiniones de la presidenta sobre una operación urbanística.

Ha acusado al ex edil del PP José Peña (que después abandonó el partido para incorporarse al grupo mixto) de grabar "una reunión privada" de los concejales populares de esa localidad, "en la que decían que yo les había dicho que no se les ocurriera vender una parcela por debajo de su precio sino que sacaran un nuevo concurso y la vendieran a precio de mercado, cosa que hicieron y que luego hemos sabido que, aparentemente, fue en menoscabo de los señores del Gürtel".

También ha recordado que tal conversación grabada fue remitida por el PSOE al fiscal general del Estado que la envió a la Fiscalía Anticorrupción, lo que provocó una querella criminal de Aguirre contra el fiscal general y, finalmente, todo resultó archivado. "El envío de un político de primer rango, como es un presidente autonómico, a la Fiscalía Anticorrupción no tiene precedentes en España", ha afirmado, "y muchísimo menos por una conversación de la que no se derivaba ni un delito ni una falta".

En sintonía

En sintonía con la línea que sigue ahora su partido, Aguirre tampoco ha mencionado los pinchazos telefónicos ilegales denunciados por la secretaria general, Dolores Cospedal, en los primeros días de agosto, y se ha limitado a preguntar por las grabaciones publicadas por los medios de comunicación de las que ha pedido explicaciones al Gobierno.

"Todos los días aparecen transcripciones de conversaciones que son escuchas", apuntó y preguntó quién hizo esas grabaciones, si contaba con autorización judicial para ello, por qué no están en el sumario, quién decide que no figuren en el mismo y quién las filtra.

No se ha olvidado de expresar su solidaridad con el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ni de criticar a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por haber anunciado el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa por el regalo de trajes dentro del 'caso Gürtel'. "Esto es una vergüenza- ha dicho- porque no se pueden utilizar las instituciones del Estado, en este caso la Fiscalía, a favor de los intereses del Gobierno".

El próximo día 2 de septiembre se reunirá el Comité Ejecutivo del PP donde los directivos esperan noticias sobre la contraofensiva que Rajoy puso en marcha este verano para hacer frente a la mencionada "persecución gubernamental".

En la cúpula 'popular' también confían en contar en esa reunión con la presencia de Aguirre y Camps - que no asistieron a la última sesión-, y sobre los que se especula que podrían remodelar sus respectivos gobiernos autonómicos para retomar la iniciativa política tras los daños causados por el 'caso Gürtel'.

Mientras fuentes del PP valenciano esperaban este jueves una remodelación gubernamental de Camps en cualquier momento, en el partido madrileño se preveía para mediados de septiembre, antes de que Aguirre acuda al debate sobre el estado de la región, convocado para los días 15 y 16 del mes que viene.