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INMIGRACIÓN

España no aplicará la directiva europea sobre inmigración

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expuso en una conferencia pronunciada en Santo Domingo (República Dominicana) los ejes de la política de inmigración española, dando cuenta de asuntos como los planes de retorno para los inmigrantes que se queden en el paro ante la nueva coyuntura económica, el rechazo a la directiva europea de retorno, o el proyecto gubernamental para que puedan votar los inmigrantes en las próximas elecciones municipales.

La conferencia se celebró en el Centro Cultural de España y a la misma asistió Bernarda Jiménez, recientemente incorporada a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y que se encuentra pasando unos días en su país de origen. De la Vega dedicó una parte de su alocución a explicar el plan de retorno de aquellos inmigrantes que se hayan quedado en el paro y que tiene carácter voluntario.

Este programa, que se aprobará el próximo mes de septiembre, consiste básicamente en reconocer a los inmigrantes que hayan perdido su empleo y deseen retornar a su país de origen, la posibilidad de percibir, de forma acumulada y anticipada, la prestación por desempleo que tengan reconocida. Quienes se acojan a este plan se tienen que comprometer a no retornar a España al menos en un plazo mínimo de tres años.

Crisis Inmobiliaria

De la Vega enmarcó esta iniciativa en las "dificultades económicas por las que atraviesan en estos momentos todas las economías del mundo", que están lastrando el crecimiento y provocando pérdidas de empleos, en el caso español, principalmente en el sector inmobiliario, que es el que mayor número de empleos ha dado a los trabajadores extranjeros. Añadió que esta nueva coyuntura económica es de especial vulnerabilidad para los trabajadores foráneos, de ahí la iniciativa gubernamental para facilitar el retorno a aquellos que lo deseen voluntariamente.

Durante su alocución, la vicepresidenta insistió en un modelo de inmigración legal y ordenada, de manera que la entrada, estancia y la salida de los inmigrantes de España se rija por el pleno respeto a las leyes. "No puede haber equidad, no puede darse el necesario equilibrio del mercado de trabajo, no puede asegurarse el bienestar para el conjunto de la sociedad si no se cuida y gestiona adecuadamente el flujo de personas que arriban a un país para integrarse en su economía y su sociedad", argumentó. Por ello, insistió en la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal.

Directiva de retorno

En su intervención abordó también el polémico tema de la directiva europea de retorno, que permite un internamiento de los ilegales de hasta 18 meses, frente a los 40 días de la ley española y que ha provocado un gran malestar en algunos gobiernos latinoamericanos. Como había hecho con anterioridad en otro acto, la vicepresidenta aseguró que no se aplicará en España. "Esa directiva no va a alterar en modo alguno nuestra forma de actuar, porque contamos con nuestro propio marco jurídico y ese marco no colisiona en absoluto con lo que la nueva directiva establece.

Aunque explicó que esa norma no le gusta a España, también destacó lo que considera aspectos positivos de la misma. En ese sentido afirmó que ofrece más garantías a los inmigrantes, porque antes no había ninguna norma que fijara un trato digno y de pleno respeto a los Derechos Humanos a los que llegaban a Europa de manera irregular. "La nueva directiva --dijo-- ha venido a poner límites frente a posibles arbitrariedades".

Voto en las municipales

Por último, se refirió del proyecto gubernamental para que los inmigrantes residentes en España puedan votar en las próximas elecciones municipales. De la Vega explicó que esta idea obedece a razones democráticas, pero también de eficacia y cohesión social. A continuación expuso las dificultades para que se pueda realizar, ya que la Constitución española establece el principio de reciprocidad, es decir, que los españoles en el extranjero puedan votar en los países donde viven. Sin embargo, en algunas de estas naciones no está regulado que puedan votar los extranjeros.

De la Vega dijo que ya están trabajando para vencer esas dificultades y va a promover un grupo de trabajo interministerial que analizará el estado de situación de los acuerdos que ya existen con algunos países, los que podrían firmarse en el futuro y los que dependen de una modificación legal. Para ello, el Gobierno creará antes de que finalice el mes de agosto la figura de un embajador en misión especial.

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